Lecciones de Tlahuelilpan

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“El hubiera no existe”.- Dicho popular.

La tragedia ocurrida el viernes pasado en Tlahuelilpan, un pequeño poblado del estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México, deja lecciones dolorosas en muchos sentidos.

Desde luego la muerte de tantas personas en un solo evento, enluta a toda la sociedad y nos mueve a la solidaridad y a la tristeza, pero más allá del inmenso dolor que deriva de la misma, debe llevarnos a una reflexión colectiva sobre las causas, los hechos y la forma en que nuevas desgracias similares puedan evitarse en un futuro.

La tremenda explosión y el incendio derivados de la fuga de combustible de un ducto previamente afectado por los delincuentes, pudo haberse evitado, de existir protocolos eficientes de seguridad en las zonas habitadas que se encuentran cerca de las tuberías que transportan los hidrocarburos.  Más aún cuando, tanto Pemex como las autoridades federales y estatales, tienen claramente identificados los lugares de las tomas clandestinas generadas por los grupos de “huachicoleros”.

Tlahuelilpan se ubica a  menos de quince kilómetros de la refinería de Tula, donde tiene su origen el ducto en cuestión. Al detectarse la fuga debió haberse generado una alerta para que de ahí mismo y de forma inmediata y automática partiera un equipo de especialistas antiincendios, que con espumas químicas y mangueras de agua de alta presión, podrían haber neutralizado el riesgo de siniestro.

El lugar queda también a pocos kilómetros de Atitalaquia, municipio vecino en el que se ubica un importante parque industrial, del cual pudieron haber salido vehículos de emergencia para prevenir la tragedia.

Además de ello, los pocos policías federales y militares que se acercaron al lugar de los hechos y que a dicho del general secretario de la Defensa fueron rebasados por la turbamulta, debieron  haber contado con equipos de disuasión para disolver a los grupos de personas que se arremolinaban alrededor de la fuga de combustible y prácticamente se bañaban en la misma.

Gases lacrimógenos y bombas de humo, hubiesen bastado para ello, en tanto llegaban al lugar los equipos de especialistas que pudieran reducir y terminar con la fuga. La explicación del alto mando militar que hizo suya el presidente López Obrador, fue que prefirieron evitar un enfrentamiento con la población, pues la instrucción superior es que los militares no pueden bajo ninguna circunstancia reprimir a los ciudadanos, aunque estos se encuentren cometiendo delitos en forma flagrante.

Aquí hay una evidente confusión entre lo que es significa represión y lo que se entiende por el uso legítimo de la fuerza del Estado, sobre todo cuando se trata de prevenir males mayores ante riesgos evidentes.

¿Qué hubiese sido preferible: que las fuerzas del orden obligaran a los pobladores a retirarse, o tener que asumir la tragedia del incendio y la explosión con decenas de hogares enlutados como finalmente ocurrió?

Se ha dicho repetidamente que el motor principal que mueve a tantos ciudadanos a incurrir en prácticas ilegales como lo es el robo de combustible, entre otros delitos, es la pobreza y también la falta de oportunidades, hay una buena dosis de razón en ello. Pero no es menos cierto que muchos grupos de delincuentes profesionales se aprovechan de estas circunstancias y utilizan a mujeres y menores de edad como escudos humanos para evitar que las autoridades realicen su trabajo y los detengan.

Además, la pobreza no puede usarse como pretexto de forma permanente y sin limitación. Una sociedad que procura una vida en la que se practiquen valores cívicos mínimos no puede justificar tales acciones y nadie -ya lo ha dicho el presidente-, puede ni debe estar por encima de la ley.

Las normas penales de prácticamente todo el mundo, justifican y exentan de castigo al denominado “robo famélico”, que es aquel que se practica de forma excepcional, cuando un padre o madre de familia comete un robo para poder llevar el alimento indispensable a su familias. Participar masivamente en el robo de combustibles, no es equiparable ni en modo alguno justificable bajo ese pretexto.

Ahora bien, ¿Cuál será la estrategia de aquí en adelante para prevenir que accidentes similares vuelvan a ocurrir? ¿Seguirá el gobierno tolerando estos hechos, para no apagar el fuego con más fuego como ha sostenido el presidente?

En forma paralela a la medida del cierre de ductos y el virtual racionamiento de combustibles que ha continuado en varios estados del país y que se ha implementado como parte de la lucha contra el flagelo del robo de hidrocarburos, debieran establecerse a la brevedad, protocolos obligatorios de actuación tanto de las fuerzas del orden, como de las autoridades de protección civil en los tres órdenes de gobierno.

Si bien como reza el dicho “el hubiera no existe” y la historia no puede cambiarse, se debe sin duda aprender de la misma y buscar a toda costa que hechos así puedan repetirse.

En otro orden de cosas, pero a causa de una inevitable asociación de ideas, me ha surgido una interrogante dirigida a  quienes han tachado de absurda la versión oficial sobre la desaparición de los cuerpos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Diversas fuentes han afirmado a lo largo del tiempo, que incinerar tantos cadáveres en tan poco tiempo era prácticamente imposible. El pasado viernes hemos constatado que algo así, puede ocurrir mucho más rápido de lo que se cree.

Ante lo acontecido en Tlahuelilpan quizás resulte que, la tantas veces cuestionada “verdad histórica” sobre los hechos de Iguala, no estaba tan alejada de la realidad.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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