Las pifias de la PGR en la era peñista

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No salíamos aún del asombro por la liberación de “La Maestra” Elba Esther Gordillo, al quedar exonerada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por orden de un juez, ante la “impericia” de la Procuraduría General de la República (PGR), de no poder demostrar los delitos que le imputaba, cuando nos enteramos de que su señora madre, Zoila Estela Morales Ochoa, quien fue maestra rural en las comunidades indígenas en Chiapas, “le heredó” una fortuna de más de 373 millones de pesos en inmuebles, obras de arte, empresas y dinero en efectivo.

Según un reportaje del diario Reforma, la madre de la ex lideresa sindical, le dejó en su testamento: cuatro inmobiliarias, obras de arte (grabados, pinturas, esculturas, litografías, muebles de autor y coloniales), así como 143 millones de pesos en efectivo, entre otros bienes.

Estábamos aún, le repito, pasando el trago amargo de la mediocridad con la que actúa la PGR en uno de los casos de corrupción que más laceran a los mexicanos, y siendo testigos de la burla, del brutal cinismo con el que pretenden justificar el enriquecimiento de quien fuera impuesta como líder del magisterio por Carlos Salinas de Gortari, y encumbrada por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando vino el balde de agua fría con una nueva pifia de la PGR en el caso de Javier Duarte.

Y es que, tras concluir el plazo de un año que el juez que lleva el caso de Javier Duarte le otorgó a la PGR para investigar, la Procuraduría acusó formalmente al exmandatario de Veracruz de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero retiró el cargo por delincuencia organizada, al no encontrar las pruebas suficientes para acreditar dicho delito, la PGR decidió “reclasificar la acusación” y al hacerlo, abre la puerta (¡oh, sorpresa!) a que el exgobernador de la nueva generación priista que tanto presumió el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su Administración, continúe el proceso en su contra en libertad.

Debería la PGR solicitar la colaboración de Animal Político y su grupo de eficientes reporteros, que han logrado documentar el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos durante la administración duartista.

Ya que, al parecer, sus fiscales a cargo, nunca “encuentran los elementos probatorios” para acusar de forma fehaciente a los responsables de saquear descaradamente nuestro país.

Más allá de la evidente ineficacia de la PGR, del desaseo con el que actúan al integrar los expedientes en contra de quienes han utilizado el erario para enriquecerse, para financiar campañas electorales, para volver millonarios a familiares y amistades, lo que estamos viendo es el andamiaje de una maquinaria que permite el desvío de miles de millones de pesos de las arcas de los tres niveles de gobierno, que ha funcionado como un relojito suizo, sexenio tras sexenio.

Y este sexenio peñista que pasará a los anales de la historia de nuestro país, como uno de los más rapaces y corruptos, no podía dejar que la maquinaria -que permite el robo de recursos públicos y que facilita que los responsables de los desfalcos a la nación queden impunes- colapsara, aún cuando el costo político a pagar fuera alto.

La voracidad de este PRI-Gobierno, es inconmensurable. Así operó durante seis años, desviando dinero público, simulando justicia y protegiendo a los integrantes de su cártel.

Mientras tanto, muchas de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante las autoridades judiciales, en contra de las administraciones corruptas de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Beto Borge, entre otros, para la PGR al parecer son “archivo muerto” y no las integra a sus carpetas de investigación. Inaudito.

La PGR parece formar parte de la defensa de Javier Duarte, los datos bancarios que presentó en contra del exgobernador veracruzano para acusarlo del delito de lavado de dinero, fueron recabados sin el aval del juez del caso. Es muy posible que sean desechadas y en consecuencia, la acusación en su contra, se le caiga a la Procuraduría, así como se le cayeron sus acusaciones en contra de “La Maestra”.

Dicen que en política no hay casualidades, y es una realidad innegable, que las detenciones tanto de Elba Esther como Javier Duarte, obedecen a decisiones políticas más que la responsabilidad y obligación de impartir justicia.

La gavilla que aún gobierna y que deja el poder en 96 días más, es capaz de todo por salvar a uno de los suyos, para ellos ya no hay pago alto que pagar, al fin que se van impunes y millonarios. Que no nos tome por sorpresa si liberan a Javier Duarte, son hasta capaces de devolverle sus bienes y dinero incautado, así como lo hicieron en 2013 con Raúl Salinas de Gortari.

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