¿Y las de nivel superior?

Emilio Zebadúa
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Las universidades están hechas para educar, capacitar e investigar.

Sin embargo, en México, en los últimos años, se han vuelto para algunos un buen “cochinito” o, mejor dicho: ¡un gran cochinero!

Con el argumento de la insuficiencia de recursos (en el caso de las universidades públicas), bajo el amparo de la autonomía y el aval del artículo primero de la Ley General de Adquisiciones (que permite realizar asignaciones directas en contratos entre organismos del sector público, al no haber necesidad de licitar entre ellos), sus autoridades han hecho un negociazo.

Tan solo entre los años 2013 y 2014, se detectó la triangulación de recursos por parte de ocho universidades de más de 400 millones de dólares a través de la denominada La Estafa Maestra, sin que hasta el momento alguno de sus mandos haya sido sancionado o al menos llamado a declarar.

Se habla de que en los próximos días, al menos siete rectores serán citados a comparecer por este caso, en el que algunas Secretarías de Estado (como la Sedatu y la Sedesol) entregaron a las universidades recursos millonarios en la contratación de productos que, al final del día, no fueron elaborados por las instituciones educativas de nivel superior, sino por terceros que, en muchos casos, terminaron siendo empresas fantasmas. 

Estos son: Luis Morán Villatoro, de la Autónoma de Chiapas; Armando Silva Cháirez, de la Autónoma de Zacatecas; José Francisco Monroy Gaytán, de la Intercultural del Estado de México; Navor Francisco Ballinas Morales, de la Politécnica de Chiapas; José Luis Pech Galera, de la Politécnica de Quintana Roo; Juan de Dios Nochebuena, encargado de rectoría de la Politécnica de Francisco I. Madero; y Narciso Xicoténcatl Rojas, de la Politécnica de Tlaxcala.

Al respecto, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, hizo un llamado a sancionar solamente a las personas relacionadas con los desvíos sin desprestigiar a las instituciones.

Valls Esponda, aseguró que algunas de ellas han solventado las observaciones que les ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Pero, en términos reales, de acuerdo a cifras oficiales citadas recientemente por el diario Reforma, de 2 mil 78 observaciones que ha hecho en los últimos años la ASF a las escuelas de nivel superior, estas solo han solventado una cuarta parte.

Se estima que entre 2000 y 2016, se realizaron 247 auditorías a 34 universidades y que el monto total cuestionado ascendió a 17 mil 574 millones de pesos.

Y digo “ascendió” porque, de esa cantidad, a la fecha, apenas se han reintegrado al erario ¡143 millones de pesos!

Lo anterior contrasta con las auditorías realizadas a 1 mil 275 dependencias, instituciones u organizaciones que reciben dinero público, las cuales en promedio lograron solventar el 54.2 por ciento de las observaciones que se le hicieron en el mismo periodo.

Según el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, la instrucción que tenían las universidades en el caso particular de La Estafa Maestra, era: “Recibes estos 100 millones de pesos, te quedas con 10% y lo restante se lo vas a entregar a tal y a este otro tal”.

En una entrevista concedida a El Universal, Portal aseguró que hizo advertencias a los rectores y contralores involucrados, algunos de los cuales manifestaron su temor por las operaciones, pero advirtieron que estas eran ya una orden.

“`¿Quién les dio instrucción?’, les pregunté. Ellos respondieron: `El oficial mayor de Sedatu (Emilio Zebadúa)’. Les preguntaba si había sido él directamente y ellos decían que era a través de alguien, pero que era él”.

A estas alturas, el señor ni siquiera ha comparecido y ahora, lejos de ejercer más control sobre el gasto de las universidades, el Gobierno federal ¡hasta las quiere premiar!

La Secretaría de Educación Pública está gestionando aumentarles el presupuesto con 2.5 mil millones de pesos en 2019, a las que estén en crisis y que se hayan portado bien, en materia de austeridad.

Aunque la responsabilidad puede ser del Estado, por retenerles en algunos casos los recursos, lo cierto es que se tienen que reforzar los niveles de control.

Ojalá que el tema de La Estafa Maestra, sirva para sentar precedentes y para corregir las lagunas que hay en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones. Que se llame a declarar y se sancione a las autoridades universitarias por los desvíos millonarios de recursos públicos. Que los obliguen a devolver lo robado o que al menos digan a dónde fue a parar.

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