Las necesarias reformas al notariado

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El país vive tiempos nuevos e interesantes. El pasado sábado comenzó una nueva etapa en la vida nacional, llena de retos y oportunidades.

Por primera vez en décadas un presidente llega al poder con la legitimidad de una mayoría enorme de votantes y con el control de ambas cámaras legislativas. El capital político del presidente López Obrador y su equipo es inmenso e igualmente grandes las metas que se ha propuesto y las ofertas y promesas que realizó durante su campaña y ratificó en los discursos que dio el pasado sábado.

Pero los retos en los que se ha empeñado no podrá lograrlos si no es con el apoyo de todos los mexicanos. Cada uno desde nuestra propia trinchera, de estudio, de trabajo, en la labor que nos toque desempeñar deberemos sumar al esfuerzo.

Sin duda en este largo trayecto, iniciado apenas el primero de diciembre, uno de los temas a los que se debe otorgar mayor importancia es a la consolidación del Estado de derecho.

El respeto a las leyes, la procuración e impartición de justicia y le prevención y solución de controversias, tanto en el ámbito público como en el privado son temas fundamentales. En este sentido, la labor que realizan los notarios es de gran importancia. La función notarial, dentro del ámbito del derecho otorga seguridad y certeza jurídicas a miles de actos que ante ellos se realizan todos los días.

Ya se trate de un testamento, de la compraventa de una casa, de un crédito hipotecario, del otorgamiento de un poder o del trámite de una herencia, entre otros muchos actos, los notarios mujeres y hombres especializados en esta rama del Derecho, cumplen una labor fundamental que evita conflictos legales, al tiempo que asesora y orienta jurídicamente a la población en general. Los notarios actúan también como auxiliares del fisco federal y local recaudando sin costo para el gobierno los impuestos y derechos que generan las operaciones que ante ellos se firman y de los cuales ellos son responsables solidarios. De ahí deriva con frecuencia la percepción de que los costos notariales son altos.

La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, unos días antes de pedir licencia para ocupar el cargo de secretaria de Gobernación y ser la primer mujer en tener tan alta responsabilidad -como en su momento lo fue como primer mujer notaria en la Ciudad de México-, presentó ante el Senado de la República una importante iniciativa que busca reformar la Constitución General de la República a fin de homologar en las treinta y dos entidades federativas del país, el procedimiento para acceder a la función notarial.

Su propuesta busca la profesionalización de todos los notarios mediante una selección rigurosa y transparente, en donde las capacidades y aptitudes sean los atributos que conformen al notariado mexicano a través de exámenes de oposición públicos y objetivos, tal y como hasta ahora ocurre en la Ciudad de México, en donde este procedimiento data ya de más de setenta años y es la única forma de acceso a esta profesión.

Dada su importancia social y jurídica, el notariado mexicano debe contar con adecuadas condiciones para su correcto ejercicio. Imparcial, calificado, colegiado, autónomo, independiente y libre, garantizando la certidumbre jurídica en la celebración de los instrumentos notariales en beneficio de la sociedad mexicana, señala la iniciativa.

El criterio para la creación de nuevas notarías debe basarse en principios estrictamente técnicos de acuerdo con las necesidades del servicio y garantizando que todos los notarios sean realmente expertos en el ejercicio de sus funciones y puedan actuar de forma autónoma e imparcial sin deberle su nombramiento a nadie como consecuencia del tráfico de influencias o de favores políticos, como por desgracia ocurre en muchos casos en el interior del país.

El tema cobra particular importancia cuando con motivo de los cambios de gobierno que se están dando en diversos estados, los gobernadores salientes, se sirven con “la cuchara grande” obsequiando nombramientos notariales a sus allegados e incondicionales aunque no tengan experiencia alguna en el campo del derecho notarial, cual si se tratara -guardando las debidas proporciones-, de una “patente de corzo”, como las que otorgaba la corona inglesa con el ánimo de legitimar a los piratas que se dedicaban a saquear a los barcos de naciones rivales.

Así acaba de ocurrir en Chiapas, donde el gobernador/senador saliente, Manuel Velasco, nombró en las pasadas semanas a treinta y ocho nuevos notarios. Algo similar ocurrió en Jalisco con dieciséis; en Puebla con cinco; en Tabasco con cuatro y en Morelos con dos. El año pasado en el Estado de México el entonces gobernador Eruviel Ávila regaló doce notarías a igual número de allegados y el mismo fenómeno se ha repetido en Veracruz y Coahuila en años recientes.

Si bien es justo reconocer que, en los menos casos los nombramientos han recaído de chiripa en juristas respetables, en su mayoría se trata de meros favores políticos e incluso de venta de patentes de notario al mejor postor, que han favorecido a personajes  sin experiencia y lo que es peor, sin prestigio, honorabilidad, ni mayores prendas, más allá de ser amigos del gobernador que los favorece con el nombramiento.

La iniciativa de la senadora Sánchez Cordero, (hoy Secretaria de Gobernación), busca terminar con dichas prácticas nocivas así como con la figura de los llamados notarios adjuntos, adscritos o suplentes, que a lo largo del tiempo han generado la impresión de que las notarías son cargos que pudieran heredarse, como ocurría en tiempos de la Colonia Española.

Cuando se habla de una nueva transformación para el país, esta debiera incluir sin retraso el tema de la función notarial tal y como lo aborda la iniciativa de reforma constitucional antes referida.

No se trata de una invasión, como se ha pretendido hacer creer, a la esfera de las facultades y a la soberanía de los estados. Se trata más bien y sin duda, de llevar orden a la esfera legal y evitar abusos, corrupción y el consabido tráfico de influencias que tanto daño han causado a México a través de los tiempos.

Homologar o unificar la legislación notarial en todo el país, solo puede traer buenos resultados, así ocurre en España y en muchos otros países, donde los notarios son auténticos garantes de la legalidad. Esperemos que pronto ocurra igual en nuestro querido México.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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