La pluri de Ximena Puente, el costo de seguir tapando a Emilio Lozoya

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De la broma (porque fue una broma, ¿verdad?) que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le gastó a la sociedad mexicana, al reconocer al Partido Revolucionario Institucional como el instituto político más transparente del país en agosto de 2017, a la renuncia de su comisionada Ximena Puente de la Mora, para brincar al Congreso como diputada plurinominal por el tricolor, hay un sinfín de resoluciones emitidas por el organismo “autónomo”, bajo la titularidad de Puente, a favor de reservar información de casos que han puesto en jaque a la administración de Enrique Peña Nieto y que son piezas clave, en el entramado de corrupción en el que está envuelto el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

En 2014, la comisionada presidenta votó en contra de que el IFAI (hoy INAI) presentara una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Telecom, por tres de sus artículos que violentaban derechos garantizados en la Constitución, como el derecho de acceso a la información, protección de datos personales y la privacidad.

En 2015, tras el escándalo que provocó la renuncia del director de Conagua, David Korenfeld, al ser descubierto y filmado en video usando un helicóptero oficial para uso personal, el INAI determinó reservar la información de las bitácoras de vuelo, durante la gestión de Korenfeld, argumentando que “podría vulnerar la seguridad nacional”. Puente votó a favor de la reserva.

También en 2015, Ximena Puente votó a favor de que el INAI reservara la averiguación previa por el caso Tlatlaya, donde murieron 22 civiles a manos de militares.

En 2017, el INAI resolvió (sí, también con el voto a favor de la comisionada) reservar información sobre Odebrecht, el caso de mayor corrupción del que se tenga memoria en América Latina, que ha derivado en la investigación y encarcelamiento de exmandatarios y funcionarios de alto nivel en otros países, provocando hasta la renuncia de Presidentes y vicepresidentes en funciones, como la dimisión de Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador y la reciente renuncia del Jefe del Ejecutivo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, acusados de haber recibido sobornos de la constructora brasileña a cambio de beneficiarla con contratos.

Mientras en el resto del continente se ha difundido la información de los funcionarios de los Gobiernos de las naciones implicadas, en nuestro país, el INAI reservó hasta por cinco años todos los datos relacionados con los servidores públicos que habrían recibido sobornos para beneficiar a Odebrecht y su subsidiaria Braskem con la asignación del complejo petroquímico de polietileno, Etileno XXI, planta que arrancó operaciones en 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Para rematar, en noviembre de 2017, Ximena Puente no solo votó a favor, sino que fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que sería votado por el pleno del INAI, que resolvió mantener en secreto toda la información relacionada con la compra que hizo Pemex en 2013, durante la gestión de Emilio Lozoya, de 2 empresas chatarra: Agro Nitrogenados y Fertinal, compañías en quiebra por las que Pemex pagó más de 1 mil 395 millones de dólares, que solo han producido pérdidas multimillonarias; por si esto no fuera poco, el resultado de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que fueron compradas a un sobreprecio.

El argumento de Ximena Puente por mantener clasificada la información fue que, con la reforma energética el régimen de Pemex cambió de paraestatal a empresa productiva del Estado y que sus filiales son compañías privadas. Para la comisionada, que debería regirse bajo los principios de la autonomía, la transparencia y el derecho de acceso a la información, como garante del interés del ciudadano a conocer el uso y destino de los recursos públicos, quedaron sepultados, bajo un cúmulo de resoluciones que solo favorecieron al Gobierno del partido que hoy la incluye en su lista de candidatos plurinominales.

De este tamaño la desvergüenza, de este tamaño el golpe a la credibilidad de un organismo autónomo que, no olvidemos, es parte medular del Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante este sexenio la dignidad, la ética, la responsabilidad son monedas de cambio para obtener un cargo por consigna.

No dudo de las capacidades de Ximena Puente, lo lamentable, lo reprochable es no entender que la situación que vivimos en México, donde la corrupción y la simulación nos ahoga a diario, se debe precisamente a funcionarios que, como ella, aceptan colaborar con el pacto de impunidad que mantiene a nuestro país sumido en la desigualdad y la pobreza.

Qué pena, la ética y el respeto a nuestras instituciones, no les alcanza.

Una pluri, por seguir tapando a Emilio Lozoya.

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