La ley sin justicia es una herida sin cura

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El pasado jueves 18 de julio, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenó suspender la condena que pesaba sobre Javier Duarte de Ochoa, hasta que se resuelva el amparo que el exgobernador de Veracruz tramitó contra su sentencia dictada por, ¡oh, sorpresa!, el mismo juez.

El 26 de septiembre de 2018, tras llegar a un acuerdo con la extinta PGR, el exmandatario aceptó su responsabilidad en los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por lo que el juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, condenó a Duarte a nueve años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos.

Dicho juez, es el mismo que acaba de suspender la condena que él ordenó, el pago de la multa, así como la suspensión del aseguramiento de 40 propiedades.

El mismo juez federal que a petición de la PGR, concedió el sobreseimiento de la causa penal por el desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general del PRI. Y, en consecuencia, ordenó la liberación de Gutiérrez, que se encontraba en prisión preventiva, al no existir delito que perseguir.

No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de la estrategia jurídica que se montó para proteger a dos de los operadores financieros del expresidente Enrique Peña Nieto. Es más que evidente el uso del aparato del Estado para la defensa personal de Javier Duarte y de Gutiérrez, otrora mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, uno de los señalados como cómplices del exsecretario en el Caso Safiro.

Aunque el juez Tapia haya ordenado “la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el 26 de septiembre de 2018”, en contra de Javier Duarte, no significa que el exgobernador veracruzano vaya a salir libre. Seguirá sujeto a prisión preventiva hasta que se dicte la resolución que defina si la sentencia está apegada o no a derecho. Todo apunta a que se cumplirá la regla en cuanto a la aplicación de justicia en nuestro país: los criminales de cuello blanco viven libres e impunes, disfrutando de los recursos robados y cobijados bajo las mismas leyes que ellos se han diseñado. O, puede dar un giro inesperado, si la Fiscalía General de la República (FGR), hace su trabajo de forma eficaz y oportuna.

Tras un año de que se girara orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, el Gobierno de México solicitó formalmente a Guatemala su autorización para proceder a ejecutar la orden. Para que la FGR avance penalmente en contra del exmandatario estatal por este delito es imprescindible que las autoridades guatemaltecas otorguen su permiso, ya que Duarte fue extraditado por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Y para ser enjuiciado por otros delitos, el tratado de extradición entre ambos países indica que se debe pedir permiso al país que lo entregó.

Ahora, la pelota está en la cancha de la FGR. El reto para echar abajo la red de complicidades que se tejieron desde el más alto nivel del poder para garantizar impunidad a gobernadores priistas que desviaron miles de millones de pesos, que financiaron campañas de su partido, que cubrieron a mandos policiacos acusados de desaparecer personas, que hicieron ricos a cuates, familiares y a funcionarios de sus gobiernos, es mayúsculo. En el fiscal Alejandro Gertz Manero recae la responsabilidad de que se hile fino y que la dependencia a su cargo presente las pruebas necesarias para que Javier Duarte sea acusado por el delito de desaparición forzada, considerado crimen de lesa humanidad.

Basta de investigaciones ligeras, basta de equívocos, basta de que las Fiscalías se desempeñen más como abogados defensores de los criminales que nos han gobernado. El sistema judicial de nuestro país está corrompido, lo sabemos,  solo hace falta ver la actuación del juez Marco Antonio Fuerte Tapia, para darnos cuenta el pantano pestilente en el que la justicia fenece.

Un país herido por falta de justicia, no podrá transitar hacia la paz y la reconciliación que se merece.

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