Y de la impunidad, mejor ni hablamos

21 noviembre 2018.- Andrés Manuel Lopez Obrador en entrevista con Carmen Aristegui
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Justamente hace cuatro meses, el 21 de noviembre de 2018, el presidente López Obrador, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui habló de las implicaciones de perseguir todos los actos de corrupción que han sucedido en el país.

Fue muy claro en afirmar que la corrupción estaba incrustada en prácticamente todas las áreas de la función pública, sin embargo, se manifestó, desde entonces, a ponerle punto final: “Punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia”.

Desde su perspectiva, abrir los expedientes contra los grandes corruptos significaría conspirar contra la estabilidad política del país: “Desatamos a los demonios, nos empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos, porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y habría demasiado escándalo, y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción. Le haríamos más daño al país que beneficios si desatamos una cacería de corruptos”. 

No obstante, durante la entrevista hizo un compromiso público y con micrófonos abiertos, para realizar una consulta pública que incluía tres preguntas fundamentales, compromiso que ratificó al día siguiente en entrevista con Azucena Uresti, dando como primicia que probablemente sería el 21 de marzo de 2019, o sea, hoy.

Los temas serían la existencia o no de la Guardia Nacional, que incluso ya fue declarada constitucional por ambas Cámaras del Congreso de la Unión; también incluía el de la necesidad o no, de tener un Consejo Asesor Empresarial; y la que nos ocupa en este tema:

“¿Crees que el Presidente de la República debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? Sí o No”.

Pensando que ya estaría reformado el artículo 35 constitucional sobre consultas ciudadanas, esta consulta estaría organizada por el INE, para poder dotarla de la carga jurídica y legal, además de vinculante.

Hoy estaríamos votando en busca de esa justicia perdida y de la cual millones de mexicanos seguimos hambrientos; pero la consulta ha sido postergada, hasta nuevo aviso, y el discurso, del hoy mandatario, sigue siendo el mismo.

López Obrador, insistió en poner punto final al tema de la corrupción y abrir espacio a una nueva etapa; considera que es más importante ser ejemplo de honestidad que perseguir a los corruptos, así lo declaró la semana pasada en entrevista con Grupo Acir, en la que también culpó, más que a personas, al periodo neoliberal de la corrupción que ha imperado en México en los últimos años.

En la misma entrevista, afirmó que la creación de los institutos anticorrupción y de transparencia solo han sido actos de simulación, pues fueron creados en el periodo neoliberal, precisamente cuando la corrupción dejó de ser delito grave, en enero de 1994.

Con respecto a la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes por actos de corrupción, el jefe del Ejecutivo federal descartó que se realice mientras no se reforme el artículo 35 constitucional, para que dichas consultas tengan carácter vinculatorio.

Mientras tanto, siguen surgiendo informes de la Auditoría Superior de la Federación y de las propias dependencias federales, tal es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la semana pasada presentó un informe en el que revela los nombres de las 10 empresas “favoritas” del Gobierno de Peña Nieto para la compra de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE entre los años 2012 y 2018.

El informe da cuenta que ese grupo de compañías concentró el 79.6 por ciento del gasto total realizado, el cual rebasó los 335 mil 340 millones de pesos.

De ese mismo listado, se desprende que la empresa Grupo Fármacos Especializados acaparó el 31.85 por ciento de las compras, al recibir 106 mil 813.3 millones de pesos; y a nivel estatal, la misma empresa, obtuvo 1 mil 797 millones de pesos por la venta de medicamentos tan solo en 2018, cantidad que representa más del 24 por ciento del gasto total en las entidades federativas, el cual ascendió ese año a 7 mil 461 millones de pesos.

La información que se sigue procesando no solo debe  servir para no cometer los mismos errores en un futuro, tampoco como una advertencia de que ya se han dado cuenta de cómo le hacían para enriquecerse, la información debe usarse para procesar a los involucrados y acabar con la impunidad.

Utilizar la fuerza del Estado para combatir los crímenes financieros que vaciaron las arcas del país, no solo es un derecho de la sociedad organizada en democracia, es una obligación implícita del Poder Ejecutivo; no cumplir con ella, es una omisión.

Las investigaciones de las “campañas negras” del pasado, que fueron varias y surtieron el efecto contrario, pueden seguir su curso, pero hay otras prioridades para la agenda nacional; en lo personal, prefiero ver al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, utilizar su sapiencia y eficiencia en su “expertise”, el caso que causó su cese: Odebrecht-Peña-Lozoya, esa, sí sería una reivindicación pública.

La corrupción no se erradica por decreto, ni repitiéndolo a diario en las mañaneras, la única vacuna efectiva y sin desperdicio para erradicar la corrupción, es acabar con la impunidad.

Es cuanto, señor presidente.

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