La Corte batea Ley de Seguridad Interior

Solamente el ministro Jorge Mario Pardo consideraba que el Congreso tenía facultades para emitir la ley

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la Ley de Seguridad Interior (LSI) al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo pues no consideró las afectaciones que esta normativa causaría a la comunidad.

Además, de no diferenciar de manera adecuada la seguridad nacional con la seguridad interior y la seguridad pública.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar hizo un llamado a presentar una legislación que dé certeza jurídica, porque de aprobarse esta ley se podría generar un mal mayor a las Fuerzas Armadas.

Por nueve votos contra uno, donde solamente el ministro Jorge Mario Pardo defendió el proyecto, se declaró la inconstitucionalidad.

La ministra Margarita Luna estuvo presente en la sesión y se pronunció por la declaración de inconstitucionalidad, pero no emitió su voto ya que tuvo que atender una comisión oficial.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión.

A pesar de que aún está vigente, el presidente Enrique Peña se comprometió a no emitir ninguna declaratoria que pusiera en marcha un operativo de seguridad interior hasta que la Corte se pronunciara por su legalidad.

El contenido de la LSI ha sido criticado por organizaciones no gubernamentales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), grupos de legisladores, municipios y el INAI quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad que llevaron a este desenlace en la Corte.

Seis ministros argumentaron que el Congreso no tenía facultad constitucional para emitir una ley sobre seguridad interior, pues es una materia distinta a la seguridad nacional y la seguridad pública.

Aclararon que solo debe ser materia reservada para el Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Marina; en tanto la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno a través de las policías.

Consideraron que el modelo actual, donde se cuenta con la participación militar en el combate a la delincuencia sí es legal, por orden presidencial, pero tendría que ser temporal y bajo mando civil.

Desde el martes pasado, varios ministros habían calificado a esta ley como un fraude a la Constitución, y un incentivo perverso para que las autoridades civiles no asuman su responsabilidad de dar seguridad a la población.

Hoy, Luis María Aguilar consideró que el Congreso sí podría emitir esta ley, pero debían eliminar todos los artículos que buscan normalizar y quitar el carácter excepcional a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Sin embargo, al hacer lo anterior, la LSI quedaría desarticulada, por lo que consideró necesaria una nueva norma.

Las ministras Margarita Luna y Norma Piña reclamaron que la mayoría de los diputados recibió el dictamen de la LSI, minutos antes de su aprobación en fast track, el 30 de noviembre de 2017, por lo cual hubo un vicio irreparable en el procedimiento legislativo.

El fallo de la Corte se presenta un día después de que Andrés Manuel López Obrador anunciara que la Guardia Nacional, integrada por militares será el eje del combate a la delincuencia cuando tome la Presidencia.

Por lo que será necesaria una reforma constitucional que asigne tareas permanentes de seguridad pública a la nueva fuerza, que según el presidente electo, estará formada por militares.

Así que el Peje tendrá la tarea de “convencer” al Congreso de hacer cambios constitucionales y militarizar al país, olvidando la capacitación policiaca.

(Con información de La Jornada y Reforma)

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