La cobija los tapa a todos

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Mientras en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn en Nueva York, durante el juicio que se le sigue al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, testigos han revelado que los expresidentes mexicanos Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, militares de alto rango, fiscales, jefes policiacos, diplomáticos, entre otros funcionarios de alto y medio nivel, habrían sido supuestamente sobornados con millones de dólares por el narco; en México, en Chihuahua, los procesos judiciales en contra del exgobernador priista César Duarte y de la red de funcionarios cómplices del desvío de recursos públicos, siguen su curso.

Uno de ellos, la vinculación a proceso del exsecretario de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua -detenido por agentes de la Fiscalía de dicho estado, el pasado 09 de enero- Marcelo González Tachiquín.

Durante su audiencia, se leyó la declaración de un testigo con identidad reservada que laboró en un puesto de alto nivel durante el mandato de César Duarte; en ella, salió a relucir el nombre de quien fuera el titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray Caso.

El testigo detalla en su declaración que tras concluir una reunión que sostuvieron el entonces gobernador César Duarte y miembros de su gabinete en la Ciudad de México en diciembre de 2012, con Luis Videgaray, recién nombrado secretario de Hacienda, con la finalidad de gestionar recursos económicos debido a que Chihuahua enfrentaba un déficit, Duarte y Videgaray, sostuvieron otra reunión en privado y que, al término de la misma, Duarte le indicó que se debía contratar a una empresa para realizar un diagnóstico sobre la situación financiera de Chihuahua.

La indicación, se ventiló, fue que aprobaran el pago de 23 millones de pesos a la empresa Explocean S. de RL de CV., entre cuyos socios se encuentra Juan José Chimal, el cuñado del expresidente Peña Nieto.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al exfuncionario de César Duarte, se le atribuye un presunto peculado agravado de 23 millones 200 mil pesos, cuando González Tachiquín fungía como titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; dichos recursos estaban destinados al sector educativo, pero se simuló un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales con la empresa Explocean, los cuales, según la Fiscalía, nunca fueron prestados.

Al parecer, la cloaca que se destapó gracias a las investigaciones que las autoridades de Chihuahua han llevado a cabo por los desvíos de recursos públicos durante la Administración de César Duarte, es más profunda y apestosa de lo que creemos.

No olvidemos la Operación Zafiro, la cual exhibió el grado de corrupción y el desvío de recursos públicos estatales al más alto nivel: gobernadores que, en contubernio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desviaron cientos de millones de pesos del erario de sus estados para financiar campañas electorales priistas, caso del cual, Luis Videgaray, el ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Manlio Fabio Beltrones, expresidente del Revolucionario Institucional, son piezas clave.

De ellos, Beltrones anda con un amparo bajo el brazo para evitar ser detenido, Videgaray anunció en meses pasados su retiro de la política y el servicio público; y Gutiérrez, quien se encontraba preso en un penal en Chihuahua imputado por el desvío de 250 millones de pesos, liberado por orden de un juez federal gracias al desistimiento de la PGR de acusarlo por dicho delito, permanece aún en la ciudad de Chihuahua, ya que enfrenta otro proceso judicial en el fuero común por un presunto peculado de 1.7 millones de pesos en agravio al erario de esa entidad, por lo cual, tiene la prohibición de salir de la entidad y porta un brazalete electrónico.

Pero si de procesos judiciales escandalosos hablamos, el que provocó que muchos mexicanos nos fuéramos de espaldas, es el acuerdo al que llegó el extesorero de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá Saad, con la PGR, para evitar ser juzgado por el desvío de 55 mil millones de pesos durante la administración duartista, horas antes de que Enrique Peña Nieto entregara el poder.

El 30 de noviembre de 2018, el exdiputado priista Tarek Abdalá se comprometió con la Procuraduría General de la República (PGR), a declarar en todos los juicios que se lleven en contra del exmandatario y sus excolaboradores implicados en el saqueo a Veracruz, a cambio de no ser juzgado.

Tarek Abdalá, según información que dio a conocer Milenio, está vinculado a 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas, pues presuntamente autorizó diversas transferencias con “fines diversos a los que estaban destinados”.

Uno de los principales cómplices de la red delictiva que encabezaba Javier Duarte, librará la cárcel, evitará ser juzgado por esfumar los recursos de los veracruzanos mientras el estado se convulsionaba en medio de una crisis de violencia y sangre, donde el dinero público destinado a seguridad, educación y salud, fue utilizado para acrecentar el patrimonio familiar del gobernador y sus compinches. 

En el último día de la administración más corrupta y ladrona que hemos tenido en nuestra historia reciente, el exdiputado que fue protegido por Emilio Gamboa Patrón en el Congreso evitando su desafuero, Tarek Abdalá pacta con la PGR para evitar que la justicia lo toque por el desvío de 55 mil millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho hasta el cansancio que él es partidario del “punto final”, que él “no es vengativo”, que dejará en manos de la ciudadanía la decisión de investigar y procesar a expresidentes.

Incontables los casos de corrupción que evidencian el nivel del saqueo a nuestro país por quienes nos gobernaron los últimos seis años, Inconmensurable el daño que le infligieron gobernadores corruptos coludidos con titulares de secretarías a sus estados y a sus gobernados.

No puede haber “punto final” para ellos. Se les debe investigar, procesar y sancionar según sea el caso.

Mientras el nuevo Gobierno libra una batalla histórica en contra del robo de combustibles y anuncia investigaciones, detenciones y cuentas bancarias congeladas de presuntos huachicoleros, mientras en una corte federal en Nueva York testigos de la Fiscalía afirman que expresidentes mexicanos fueron sobornados por líderes de cárteles en México, mientras el Senado elige como fiscal general de la nación a Alejandro Gertz Manero, en medio de un proceso cuestionado, apresurado, viciado, simulado; el PRI anuncia su apoyo al nuevo Gobierno, dándole su total respaldo a la creación de la Guardia Nacional

Ya lo dijo el presidente, “son tiempos de canallas”… ¡Gulp!

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