La CIDH atraerá el caso de la explosión en Pasta de Conchos

Se esperan nuevas recomendaciones al Estado mexicano por las omisiones en las que incurrió al no otorgar justicia a los familiares de las víctimas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraerá el caso de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, en la que 65 mineros perdieron la vida en el año 2006.

El organismo internacional analizará la responsabilidad del Estado mexicano en la negación de justicia y verdad para las víctimas y sus familiares.

En la tragedia ocurrida hace 12 años, murieron 65 trabajadores, de los cuales 63 permanecen sepultados.

Según el Centro ProDH, encargado de la defensa de los familiares de las víctimas, los cuerpos de los mineros no han podido ser rescatados debido a la obstaculización del Estado.

“El caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran, como lo documentó la propia CNDH en su recomendación 26/2006”, refiere el Centro ProDH en un comunicado.

Para la CIDH, una de las razones para admitir el caso es que, “luego de doce años de ocurridos los hechos, no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de los servidores públicos ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros”.

A la Comisión Interamericana le corresponderá entonces esclarecer la responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia para los familiares, así como a los derechos económicos, sociales y culturales contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En 2010, la representación de los familiares de las víctimas llevó el caso a dicho organismo de la OEA, donde argumentaron que “el Estado mexicano es responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas, por la demora injustificada y por la falta de debida diligencia para esclarecer y sancionar estos hechos”.

En respuesta, el Estado mexicano dijo que “el caso era inadmisible, puesto que las y los peticionarios contaron con diversos recursos internos para buscar justicia”.

A este respecto, la CIDH se limitó a señalar que al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado y no los familiares quienes deben impulsar el proceso de rescate de los restos.

De esta forma, se abre la puerta a eventuales recomendaciones al Estado que, según el Centro ProDH, “tengan un impacto positivo para trabajadores además de las vías para justicia y verdad que se puedan abrir para las familias de los 63 atrapados”.

En este caso, están involucrados varios personajes políticos que siguen vigentes e incluso relacionados con los candidatos presidenciales actuales: Napoleón Gómez Urrutia (candidato al Senado por Morena) y Javier Lozano (vocero del abanderado del PRI, José Antonio Meade).

Gómez Urrutia era entonces líder del sindicato minero y Javier Lozano, nada más y nada menos que secretario del Trabajo.

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