Juez ordena a Muñoz Ledo garantizar sesiones legislativas

De acuerdo a la Constitución, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara deberá velar por la inviolabilidad del recinto legislativo

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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, deberá garantizar el trabajo legislativo.

Así lo determinó el juez octavo de distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, quien este martes concedió una suspensión provisional en el amparo promovido por un grupo de nueve diputados del PAN, encabezados por su coordinador Juan Carlos Romero Hicks, quienes reclamaron la omisión de Muñoz Ledo y las autoridades de la Ciudad de México para evitar los bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la (CNTE) encabezó hace unos días para frenar la discusión del dictamen de la reforma educativa.

Lo anterior, derivó en la cancelación de cuatro sesiones del pleno de la Cámara, lo que incluso requirió una autorización especial del Senado, pues la Constitución señala que ninguna Cámara puede suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.

“Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que (Muñoz Ledo) dicte las medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar la libertad e integridad física de todas y cada una de las personas que acudan o se encuentren dentro del inmueble de la Cámara de Diputados, así como que los integrantes de la LXIV Legislatura puedan ejercer sus derechos Constitucionales, esto es, que el Pleno de la Cámara esté en aptitud de sesionar”, señala la resolución del Juez.

“De no otorgarse la media cautelar se causarían daños o perjuicios de difícil reparación para los quejosos en su calidad de representantes de la nación, pues implicaría que se paralicen las actividades de la LXIV legislatura contempladas en los artículos 61 y 68 de la Constitución, sin antes verificar la legalidad de la actuación del Presidente de la Mesa Directiva”, agrega.

En caso de desacatar la instrucción del juez y no tomar ninguna acción para evitar nuevos bloqueos que impidan sesionar, el juzgador daría vista a la Fiscalía General de la República, pues se trata de un delito federal.

El 08 de abril próximo el juez federal a determinará si concede o no la suspensión definitiva.

La Cámara puede impugnar ante un tribunal colegiado, tanto la admisión de la demanda de Romero Hicks, como la suspensión.

Cabe señalar que el artículo 61 constitucional ordena al presidente de la Cámara velar por la inviolabilidad del recinto.

Mientras que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso y los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento de la Cámara de Diputados, refieren que el presidente puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados.

Así como dictar las medidas necesarias para adecuar un recinto que cumpla con los requisitos mínimos para no detener la labor legislativa.

(Con información de Reforma)

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