Juez federal ordena definir futuro de magistrados propuestos para el SNA

El Legislativo deberá decidir si ratifica o no a los magistrados propuestos por Peña Nieto y este debe detallar por qué los postuló

Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA
- Publicidad -

Este miércoles, un juez federal ordenó al presidente y al Senado concluir el proceso de nombramiento y ratificación de 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Además, en su resolución, pide que se transparente el proceso que está congelado por el Legislativo desde abril de 2017.

Se trata del juez octavo de distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, quien concedió un amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana del SNA en el que ordena al Legislativo, en particular al Senado, o en su defecto a la Comisión Permanente del Congreso, que “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) designados por el presidente Enrique Peña Nieto.

Respecto al Ejecutivo, el juez federal ordenó que “transparente y justifique” los nombramientos que hizo en abril de 2017, los cuales fueron duramente criticados por el Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Esto, debido a que las 18 plazas (15 magistrados son para salas regionales del TFJA, y tres para la Tercera Sección de la Sala Superior),  fueron asignadas a personal de carrera del propio TFJA y abogados que han sido funcionarios públicos o son cercanos a los partidos políticos.

“(El Ejecutivo) deberá señalar en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas”, refiere el fallo.

Existe la posibilidad de que la sentencia del juzgador sea impugnada por ambos poderes en un plazo de 10 días; la revisión, por parte de un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia, podría tomar varios meses.

También, es probable que, a partir de septiembre, el Senado controlado por Morena rechazaría los nombramientos que hizo Enrique Peña Nieto, para esperar a los que envíe, a partir de diciembre, el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otra opción sería que los poderes acaten el amparo desde ahora, e intenten sacar adelante los nombramientos en la Comisión Permanente, aunque se tendría que garantizar “la publicidad y transparencia” en el desarrollo de las ratificaciones, aclaró el juez.

Cabe señalar que dichos magistrados serán los encargados de imponer sanciones a funcionarios y particulares involucrados en casos graves de corrupción, luego de varias décadas en que dicha función estuvo a cargo de contralorías adscritas al Poder Ejecutivo.

(Con información de Reforma)

Comentarios