Invalida Corte proceso contra “El Bronco” establecido por el Congreso de NL

Refieren que antes de castigar el uso de recursos para su campaña presidencial, Jaime Rodríguez tendrá que enfrentar un juicio político en su contra

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. (Imagen de archivo)
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional el procedimiento establecido por el Congreso de Nuevo León para sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, por el uso de recursos del erario para su candidatura presidencial en 2018. 

Con 3 votos a favor y 2 en contra, la Primera Sala de la Corte aprobó el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que invalida el procedimiento creado por el Congreso estatal para cumplir la orden de sancionar a Rodríguez, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior no significa que la falta quede sin sanción, sino más bien, establece que el proceso para sancionar a un Gobernador en funciones está definido en la Constitución federal y el Congreso local no puede inventar su propio sistema. 

“El Congreso local creó un procedimiento especial para sancionar al titular del Poder Ejecutivo local, en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel Constitucional y también previsto en la legislación local para aplicar dichas normas en el proceso que se analiza”, señala el proyecto.

Por ende, el proceso para sancionar al Mandatario estatal debe ajustarse a los artículos 109 y 110 de la Constitución federal, donde se señala que son las Cámaras de Diputados y Senadores donde debe iniciarse, primero, un juicio político para destituir al Gobernador, quien ya sin fuero sería llevado ante la autoridad judicial. 

El proyecto fue aprobado con los votos en contra de las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat. 

“De conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político, a nivel federal”, establece la sentencia.

“El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores. Ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado”, añade el texto.

La Administración de Rodríguez Calderón concluye en octubre de 2021, por lo que su periodo podría terminar antes de que finalice el trámite de un eventual juicio político en su contra.

(Con información de La Jornada y Reforma)

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