Hacia un auténtico Estado de derecho

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El diccionario del español jurídico de la Real Academia Española define el Estado de derecho de la siguiente manera:  “Organización política de la comunidad orientada a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción y de realización a los ciudadanos.  Parte de la supremacía del individuo. El Estado no es un hecho político originario, sino una prolongación de la nación, producto de un pacto entre los individuos para defenderse y protegerse, tal y como Rousseau lo expresó en su contrato social. Frente al estado de policía fundado en el bon plaisir del príncipe, surge el culto al derecho, como fuerza capaz de ordenar las relaciones del Estado con la sociedad y encauzar correctamente los objetivos de los poderes públicos. En el Estado de derecho todo queda bajo la ordenación de la ley… no hay sitio para el gobierno de los hombres, sino que es el gobierno de las normas”.

La anterior definición nos delimita el concepto en su sentido material y no solamente formal, pues puede existir un régimen de gobierno formalmente regido por un sistema jurídico positivo pero que no respete en la práctica las garantías fundamentales de los gobernados. El Estado de derecho en su sentido material surge en contraposición a los gobiernos absolutistas en los que el monarca o el tirano expiden o hacen expedir las normas a su antojo, dejando de lado a las instituciones y no respetan la autonomía de los poderes, concentrando las decisiones en un solo individuo o en un pequeño grupo que le es afín e incondicional.

En México nos hemos quejado desde hace décadas de la falta de existencia y aplicación de un auténtico Estado de derecho. La corrupción, el influyentismo y el corporativismo partidista y sindical entre otros factores, han generado durante mucho tiempo beneficios ilegítimos para unos cuantos e injusticia e impunidad en perjuicio de las mayorías.

La función y el ejercicio político de un gobierno democrático debe basarse fundamentalmente en cuatro ejes:  economía, educación, seguridad y Estado de derecho. En nuestro caso esos cuatro ejes nunca han podido desarrollarse al mismo nivel ni de manera sistemática, pues cuando se ha cuidado alguno de ellos en especial el económico, se han descuidado los demás debilitándose más pronto que tarde también el primero de ellos.

El presidente López Obrador durante su campaña por la presidencia el año pasado y ya como titular del Ejecutivo federal ha repetido una frase de forma reiterada: “al margen de la ley nada; por encima de la ley, nadie”. Esa breve frase define idealmente el concepto de Estado de derecho, sin embargo, a apenas seis meses de haber comenzado a conducir los destinos del país, pareciera que el citado aforismo se ha quedado con frecuencia al nivel de un slogan y no de una premisa sustantiva en su quehacer como gobernante.

Desde luego sería absurdo pretender que en tan poco tiempo el nuevo gobierno hubiera podido terminar con los añejos y múltiples problemas que aquejan a nuestra sociedad y con vicios arraigados en prácticamente todas los estratos sociales. Tampoco es justo poner en tela de juicio la recta intención del presidente por poner orden y hacer de México un país mejor.

No obstante, en ocasiones y con frecuencia en sus actos y dichos se ha distanciado del deber ser del gobernante de un país en el que Estado de derecho constituya un principio fundamental. El desdén por las opiniones de los expertos en los casos de la proyectada refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, del NAIM, del Tren Maya o la práctica de “consultas populares” improvisadas a mano alzada y los recortes indiscriminados en el presupuesto de decenas de dependencias, por citar solo unos ejemplos, así como el constante uso de la frase “me canso ganso”, lo acercan más a la figura autocrática y tropicalizada de un Luis XIV (L’État, c’est moi), que a un líder democrático, respetuoso de las instituciones  y de ese anhelado Estado de derecho.

Es aquí donde los ciudadanos, que anhelamos un gobierno en el que efectivamente nadie esté por encima de las leyes y nada se haga al margen de estas, debemos tomar la iniciativa para reforzar o en su caso construir los pilares del Derecho, como sustento indispensable de nuestro complejo entramado social.

Las universidades, los colegios de profesionistas, los investigadores jurídicos, los académicos y los organismos defensores de derechos humanos tanto públicos como privados y en general todos los ciudadanos de buena fe, debemos coadyuvar con el gobierno para que ninguno de quienes en la actualidad o en el futuro accedan al poder público, puedan distanciarse en la práctica, del cumplimiento obligado e ineludible de la protesta que rinden al asumir sus cargos: “… guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”; para que, si así no lo hicieren, la nación, es decir nosotros, los gobernados, podamos demandárselos.

No se trata simplemente de una fórmula ritual, es sin lugar a dudas un compromiso que no queda sujeto a interpretaciones ni a caprichos momentáneos y que como tal debe cumplirse.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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