Guatemaltecos buscan en los comicios salir de la corrupción, la pobreza y la violencia

Jimmy Morales, presidente de Guatemala
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Más de ocho millones de guatemaltecos votan este domingo en las elecciones generales con la esperanza de salir del marasmo de la corrupción, la violencia y la galopante pobreza que impulsan la masiva emigración hacia Estados Unidos.

El combate contra la pobreza y la violencia criminal dominan la oferta de los 19 candidatos que buscan suceder al presidente Jimmy Morales, un excomediante de televisión que ganó en 2015 tras la renuncia del expresidente Otto Pérez, cuatro meses antes de culminar su mandato por cargos de corrupción y en medio de masivas protestas.

Morales concluye su mandato de cuatro años con la popularidad por los suelos y con el pedido de la fiscalía de investigarlo por corrupción.

Ninguno de los candidatos aparece en las encuestas con posibilidades de ganar en la primera vuelta, por lo que se augura una segunda vuelta en agosto.

La favorita es la socialdemócrata Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para poder postularse a la primera magistratura.

Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se postula por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la presidencia.

En Guatemala está prohibida la reelección presidencial.

El proceso electoral estuvo marcado por la exclusión de la exfiscal general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, que fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018).

La justicia dejó asimismo fuera de la contienda a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado.

En una señal del clima de violencia y corrupción en Guatemala, el fiscal de delitos electorales Óscar Schaad dejó el país tras sufrir amenazas.

Lo mismo le ocurrió a Thelma Aldana, que enfrentada a amenazas de muerte, se asiló primero en El Salvador y luego en Estados Unidos, donde permanece.

Según la Alianza por las Reformas, que agrupa a unas 40 organizaciones civiles, la exclusión de Aldana es “una clara represalia por las investigaciones que la exfiscal realizó contra el presidente (Morales), su familia y miembros de su partido político por actos de corrupción”.

Morales es investigado por la fiscalía por financiamiento ilegal en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder, y un hijo y hermano suyo también enfrentan investigaciones.

En 2015 los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la exfiscal Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, que busca combatir la corrupción e impunidad desde 2007.

Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre debido a que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.

Aunque algunos candidatos con pocas opciones impulsan la permanencia de la Cicig, los aspirantes con posibilidades han descartado su continuidad.

La candidata indígena maya-mam Thelma Cabrera, que figura entre los cinco primeros según los sondeos, aseguró a la AFP días atrás que Guatemala necesita una reforma estructural urgente con cambios constitucionales para cambiar lo que llamó un “Estado podrido”.

En ese marco de corrupción endémica, un 59% de los 17.7 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, pese a que Guatemala cerró 2018 con un crecimiento de 3.1% y espera crecer 3.4% este año, según el Ministerio de Finanzas, que ubica en más 75 mil millones de dólares el PIB del país.

Sandra Torres apuesta a la generación de empleo e inversiones, el fomento agrícola y del turismo, aunque su principal bandera es revivir programas de asistencia social como el reparto de alimentos, insignias del gobierno de su exesposo.

“La única manera de poder salir de la pobreza es a través del trabajo”, ha dicho Giammattei, quien propone generar “las condiciones adecuadas para aumentar la inversión y la producción” y parar la migración.

Un motor fundamental de la economía es el envío de remesas de los migrantes, que el año pasado alcanzaron casi 9 mil 300 millones de dólares, el nivel más alto registrado.

Cifras oficiales estiman que 1.5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300 mil y 400 mil tienen residencia legal.

Miles de guatemaltecos se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos alegando huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y grupos del narcotráfico.

Según fuentes migratorias guatemaltecas, 94 mil 482 personas fueron deportadas por México y Estados Unidos en 2018, la mayoría originarios de poblados indígenas en el empobrecido occidente del país.

El Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según la ONU, y ha sido fuente de multitudinarias caravanas migratorias a Estados Unidos.

(AFP)

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