Guardia Nacional desaloja plantón de opositores a termoeléctrica en Morelos

El plantón fue instalado hace cuatro años por activistas por el medioambiente entre los que se encontraba Samir Flores, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019

Ayala, Morelos, 23 de noviembre de 2020.-Elementos de la Guardia Nacional desalojaron a diez opositores a la construcción de un acueducto en Huexca
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En Morelos, la madrugada de este lunes, cerca de las 02:00 horas, elementos de la Guardia Nacional y grupos antimotines de la Comisión Estatal desalojaron el plantón que mantenían opositores al Proyecto Integral Morelos, el cual contempla un acueducto para poner en marcha la planta termoeléctrica de Huexca. 

Los elementos de la Guardia Nacional aprovecharon la ausencia de ejidatarios y miembros del Frente de Pueblos Unidos en Defensa del Agua y la Tierra de Puebla, Morelos y Tlaxcala, que desde hace cuatro años levantaron carpas y lonas para impedir la continuación de los trabajos de construcción del acueducto.

Con esta acción las fuerzas policiacas instalaron una vigilancia permanente para permitir a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) terminar los trabajos.

Al parecer solo había unas diez personas en el campamento, según reportó la Comisión,  por lo que el ingreso y ocupación del sitio fue fácil para la Guardia Nacional.

En septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador anunció que la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huexca entraría en operación a finales de este año.

Sin embargo, la representación jurídica de las comunidades que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM), afirmaron que ese anuncio era inviable porque estaban vigentes unos 14 amparos y una semana después presentaron ante juzgados de distrito cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo que obtuvieron contra actos de la CFE, Conagua, Comisión Reguladora de Energía y presidentes municipales.

El abogado del frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Juan Carlos Flores, afirmó que los amparos buscaron la protección de la justicia federal contra la extracción de agua para operar la planta termoeléctrica de Huexca: el gasoducto y también contra la consulta ciudadana que promovió el gobierno federal.

Indicaron que las comunidades decidieron promover los incidentes después de las declaraciones de López Obrador y de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que la totalidad de los amparos presentados contra el PIM estaban resueltos y no había impedimento para retomar los trabajos de la planta.

Esta mañana “llegaron máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto y colocar paredes de lámina para evitar el libre tránsito y el derechobde defensa y manifestación de quienes son agraviados por este magaproyecto”, dijo el Frente de Pueblos en un comunicado.

En tanto la CFE, en su propio comunicado, justificó la intervención de la Guardia Nacional por tratarse de instalaciones estratégicas, “con el propósito únicamente de salvaguardar el patrimonio nacional”, y recordó que el proyecto ganó el apoyo de la comunidad en la consulta celebrada en febrero de 2019.

Cabe recordar que tal consulta se llevó a cabo tan solo dos días después del asesinato de Samir Flores y en ella no participaron las comunidades más afectadas por la instalación de la termoeléctrica.

La CFE asegura que firmó un convenio con 26 ejidos y nueve pequeñas propiedades, integrantes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, pero de acuerdo a una solicitud del portal Animal Político, la Comisión dijo que el documento “no es público” y tampoco tiene previsto publicitarlo.

El Proyecto Integral Morelos es un plan que consta de dos plantas termoeléctricas ubicadas en el municipio de Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que recorre 60 comunidades de los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla y un acueducto de 12 kilómetros entre los municipios de Ayala y Huexca, Morelos.

Los activistas argumentan que el proyecto se ha impuesto sin dar opción a una consulta que respete los parámetros del convenio 169 de la OIT, que es el que regula el derecho a la consulta de pueblos indígenas, además alertan sobre los riesgos a la salud y al medioambiente de poner en marcha la infraestructura.

(Con información de El Universal y Animal Político)

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