Gobierno mexicano acatará fallo de Corte Interamericana por caso Atenco

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Las medidas de reparación que sean ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso Atenco ocurrido hace once años, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó desde 2009 que fuerzas policiacas agredieron y abusaron sexualmente de 11 mujeres, sin obedecer instrucciones de mandos superiores, serán respetadas por el Gobierno mexicano.

La administración que encabeza Enrique Peña Nieto (quien era Gobernador del Edomex cuando ocurrieron los hechos), afirmó que condena los abusos cometidos en contra de las once mujeres en Atenco y que en su momento, el hoy Presidente ordenó que se investigara lo ocurrido y se sancionara a los responsables, lo que motivó el inicio de procesos penales que tienen a 52 personas bajo investigación.

A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, recordaron que desde marzo de 2013, el Gobierno federal reconoció su responsabilidad en el caso sucedido en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006 y “se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación, incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares”.

Se informó también que de los 52 individuos que han sido consignados hasta la fecha ante autoridades judiciales por delitos de tortura y encubrimiento de tortura, se encuentran agentes de seguridad pública del Estado de México, médicos legistas y médicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y un agente del Ministerio Público, afirmando que hoy en día continúan los proceso penales.

Las dependencias reiteraron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación donde puso a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial con medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica y compensación económica, no obstante “el Estado es plenamente respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reitera su ofrecimiento de aplicar estas medidas de reparación si las víctimas así lo deciden”.

Asimismo, se afirmó que el Estado ha llevado diversas medidas estructurales para adecuar la legislación en materia de violencia contra mujeres, creando un marco jurídico nacional en materia de prevención y combate a la tortura con perspectiva de género, así como la instrumentación de protocolos de actuación ministerial adecuados.

(Con información de Milenio)

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