Funcionarios se resisten a hacer pública su declaración patrimonial

A pesar de lo que establece la ley, los titulares de organismos autónomos como Banxico, INE y CNDH han rechazado transparentar su patrimonio.

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Los jefes de diversas oficinas gubernamentales en México, han decidido ignorar por completo la obligación que tienen con la Ley General de Transparencia, la cual establece que las cabezas de cada dependencia federal deben hacer pública su declaración patrimonial a través de sus páginas de internet.

Los organismos autónomos también tienen esta obligación pero, en su mayoría, se resisten a obedecerla.

A través de una revisión realizada por el periódico Milenio a los portales en la red de los diversos órganos, se encontró que solamente los jefes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) han decidido hacer público su patrimonio, mientras que el resto se han hecho de oídos sordos.

Según la investigación, los titulares del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella; del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna; de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa, no cuentan con información alguna en la web que transparente su patrimonio como lo manda la ley.

Por otro lado, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña; la presidenta de Cofece, Alejandra Palacios, y el del Ifetel, Gabriel Contreras, ya lo hicieron de manera voluntaria.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 70 que “los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos —de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda—“, de entre los rubros que se incluyen destacan “las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable”.

Sin embargo, el pasado 13 de junio la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y determinó que por motivos de seguridad, los funcionarios públicos no están obligados a cumplir con todo lo que exige la legislación.

Aunque la Corte aclara que la exigencia y necesidad de escrutinio a los servidores públicos es mayor, “esto no eliminaba completamente la esfera privada del funcionario, en particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades de dicho sistema y que podría poner en peligro la vida o la integridad del servidor público y sus datos personales”.

La situación en las dependencias del gobierno federal es distinta, ya que se pudo constatar que la mayoría de los secretarios de estado sí ha hecho publica su declaración a través del portal Declarante, con excepción del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava (quien quizá la dejó en casa y le pidió a ‘Rafa’ que fuera por ella.)

En la misma resolución del pasado 13 de junio, la Corte otorgó facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para delimitar la información que se puede hacer pública en las declaraciones de los servidores públicos, pues reconocieron que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “el legislador no había establecido el marco legal para graduar el alcance del derecho a la información pública que deben contener las declaraciones”.

(Con información de Milenio)

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