Funcionarios no podrán bloquear usuarios en Twitter: SCJN

Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz (al centro). Imagen de archivo.
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los servidores públicos que tengan cuentas en Twitter y a través de ellas difundan sus actividades oficiales, no pueden bloquear a los ciudadanos ni a los periodistas que los incomoden con comentarios en esa red social.

Lo anterior, a partir de un proyecto presentado por el ministró Eduardo Medina Mora, quien propuso amparar al periodista Miguel Ángel Carmona, que por sus comentarios fue bloqueado por el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

Los ministros consideraron que dicha red social es una canal de comunicación entre funcionarios públicos y la ciudadanía y establecieron que los servidores públicos deberán seguir aplicando la medida, incluso cuando concluyan sus encargos, pues seguirán siendo personas públicas y sus expresiones y actividades continuarán sujetas al escrutinio social.

La Sala ordenó al fiscal veracruzano que permita al comunicador tener acceso a la cuenta @AbogadoWinckler en Twitter, o de lo contrario, podrá enfrentar consecuencias legales por incurrir en desacato.

Entre las medidas a las que podría recurría la autoridad, estaría la solicitud directa a la red social Twitter, a través de su representación social en México, de que retiren el bloqueo.

“En virtud de que el cumplimiento de las sentencias en amparo son de orden público, en caso de que la autoridad responsable se niegue a desbloquear de Twitter al usuario del quejoso o que el recurrente dejara su cargo como fiscal general durante el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria, el juez de distrito está obligado a seguir el procedimiento que establecen los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo”, advierte el proyecto de sentencia del ministro Medina Mora.

Ya en 2018 el fiscal veracruzano había sido obligado por una autoridad judicial a desbloquear a una usuaria en la red social, por considerar que le negaba el derecho de acceso a la información pública.

En el proyecto de Medina Mora, el bloqueo se justifica cuando los usuarios acosen o amenacen la integridad física de los funcionarios.

(Con información de El Universal y Milenio)

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