Fuerzas desarmadas

- Publicidad -

En todo país civilizado, que tenga un marco jurídico en el que se sienten las bases de un Estado de derecho, existen instituciones organizadas y preparadas profesionalmente, como parte de la estructura fundamental del gobierno, cuya función es la seguridad de sus habitantes.

En una nación como México, que por fortuna durante más de un siglo no se ha visto en la contingencia  de tener que librar en su territorio una guerra contra ninguna nación extranjera, la función del Ejército y de la Marina Armada, se centró durante décadas, en labores de auxilio a la población ante la fuerza de los fenómenos naturales como los terremotos, las inundaciones y los daños provocados por tormentas y huracanes.

Desde el término de la Guerra Cristera hacia fines de los años veinte del siglo pasado y con la excepción de la represión estudiantil de 1968, las fuerzas armadas del Estado mexicano jamás se utilizaron, por lo menos de forma oficial, para reprimir a la población. movimientos como el de la Liga 23 de Septiembre, los liderados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas en los años setenta, no alcanzaron realmente la categoría de levantamientos  generalizados ni auténticamente populares y en buena medida fueron controlados y reducidos políticamente más que de forma violenta, aunque sin duda hayan habido entonces graves violaciones a los derechos humanos que no se hicieron del conocimiento público.

Buena parte de sus líderes terminaron por encuadrarse bajo las reglas del sistema y militando en algún partido de izquierda y, los hay hoy que incluso cobran en la nómina gubernamental.

El episodio zapatista de 1994 en Chiapas, no pasó de ser una puesta en escena de unas cuantas semanas y el gobierno no cayó en la tentación de utilizar su potencial real para reprimirlo.

Nuestro Ejército fue, durante muchos años, sin por ello descuidar la salvaguarda de nuestra soberanía y la seguridad de nuestras fronteras y litorales, una fuerza de paz.

En décadas recientes, ante la absurda política prohibicionista que ha permeado en la mayor parte del mundo y la creciente demanda de estupefacientes que nos colocó, para nuestra desgracia, junto al mayor consumidor en la materia, fue que las cosas realmente cambiaron.

Todavía, hacia mediados de los años ochenta, el territorio nacional era un lugar seguro para transitar y trasladarse sin problemas en la mayor parte de sus caminos y carreteras. Lo mismo ocurría en las plazas de ciudades pequeñas y grandes, los niños jugaban en las calles sin mayor vigilancia ni riesgo y el transporte público, con contadas excepciones, era igualmente seguro.

El surgimiento de los cárteles y de grandes grupos criminales que comenzaron por cooptar a las mal preparadas y peor pagadas fuerzas policiales, vino a terminar con esa tranquilidad que llegó además acompañada del crecimiento de la demanda interna de drogas, el narcomenudeo y las disputas territoriales por el control del mercado.

La bomba estalló y el único reducto de prestigio para ejercer un contrapeso ante la delincuencia galopante lo constituyeron las fuerzas armadas del Estado. El gobierno dejó de lado la importancia de fortalecer las instituciones de formación policial en la prevención e investigación del delito.

El cambio de partido en el gobierno en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox al poder, propició que los gobernadores en su mayoría priistas, se convirtieran en auténticos señores feudales en sus estados y lo mismo hicieran la mayor parte de los presidentes y funcionarios municipales. Las diversas policías pasaron a engrosar mayoritariamente la nómina del crimen organizado y al gobierno no le quedó otra que sacar al Ejército y a la Marina a las calles.

Del 2006 para acá las fuerzas armadas pasaron a desarrollar cada vez más labores de vigilancia, patrullaje y de coadyuvancia con las autoridades encargadas de procuración de justicia, (en su mayoría igualmente corrompidas) y a los generales, oficiales y clases del Ejército, les ha tocado tener que “bailar con la más fea”, realizando un trabajo que no debería corresponderles, pero que no hay nadie más que lo haga.

La cereza del pastel, ha sido la creación de la Guardia Nacional en el actual gobierno, la que si bien cuenta con una normatividad perfectible, es difícil que pueda cumplir sus objetivos sino en el largo plazo. Mientras tanto, la creación de instituciones confiables de formación policial sigue sin ser una prioridad para el gobierno.

Lo más triste de todo sin embargo, es que a la poca credibilidad y a la disminución de la confianza en las fuerzas de seguridad, se vean sumadas las faltas de respeto y las constantes agresiones contra soldados y marinos, que un día sí y otro también son privados de sus libertad, golpeados y despojados de sus armas de cargo, sin que puedan reaccionar ante ello con la fuerza que legítimamente les corresponde como representantes de la autoridad del Estado.

¿Hasta cuándo seguirán tolerando tantas humillaciones, si tienen órdenes expresas de no defenderse?

¿Cuál debe ser el límite de la prudencia y cuando el uso de la fuerza no es solo una expresión de legítima defensa sino una obligación?

Por lo pronto nuestro Ejército pareciera estar formado por “fuerzas desarmadas”, integradas, como se ha sabido siempre, por gente que también es pueblo y que se ven sometidos a jornadas extenuantes y a constantes peligros y agresiones que desde luego no merecen.

El día que se cansen de tales maltratos, se corre el riesgo de que ocurra una desgracia mayor y se suelte realmente al tigre, ese peligroso felino de que hablaba el presidente durante su campaña si alguien hubiera pretendido desconocer su triunfo arrollador. Ojalá y pronto se ponga un límite.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

Comentarios