El fuero y la impunidad

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La semana pasada, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión votó favorablemente una iniciativa de reforma constitucional que implica una modificación a diversos artículos de nuestra Carta Magna, específicamente a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114.

El cambio supone, en la práctica, la desaparición del denominado fuero constitucional que la doctrina jurídica define como aquella prerrogativa de senadores y diputados, así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución que los exime de ser detenidos o presos, procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo: Parlamento, Congreso o Asamblea, excepto en los casos que la propia Constitución determina.

El término es de uso coloquial y suele utilizarse como sinónimo de “inmunidad parlamentaria”, y en términos de la propia ley fundamental se extiende al presidente de la República, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los principales funcionarios electorales. Las respectivas constituciones estatales regulan a su vez este beneficio en favor de los gobernadores y legisladores locales.

Durante décadas, el famoso fuero constitucional se ha entendido como una carta de impunidad para aquellos políticos que acceden a un cargo, principalmente dentro de unos de los órganos legislativos, ya sea federal o local, pues  mientras ocupan una posición de tal naturaleza no pueden ser molestados prácticamente por ningún órgano jurisdiccional, (tribunales de cualquier clase), lo que en los hechos equivale a gozar de inmunidad frente a cualquier imputación que pueda hacérseles principalmente en el orden penal.

En el caso del presidente de la República, ello equivale a poder hacer cualquier cosa, salvo que, -por poner un ejemplo exagerado-, sea sorprendido en flagrancia, cometiendo un homicidio y el hecho sea conocido públicamente, lo cual lo vuelve prácticamente imposible.

La pretendida reforma constitucional debe pasar aún la prueba del ácido en la Cámara de Senadores, la cual puede modificarla y enviarla de nuevo a dictamen a la de Diputados, con lo que prácticamente quedaría congelada hasta el siguiente período legislativo, pero la trascendencia de la misma es evidente pues varios de los actuales candidatos a la Presidencia de la República se disputan su autoría y parecieran estar en favor de que se apruebe definitivamente.

El tema no es menor, sobre todo si consideramos que uno de los grandes pendientes que tiene el régimen actual es el nombramiento de un fiscal general independiente, que sustituya al actual procurador General de la República y cuya función no dependa en manera alguna del Poder Ejecutivo federal.

De actualizarse el nombramiento de un fiscal general con absoluta independencia y, una vez desaparecido el fuero constitucional que actualmente protege a los legisladores, ministros y al propio presidente de la República se estaría creando, -en la práctica-, un cuarto Poder de alcances e influencia prácticamente inimaginables.

La capacidad de llevar a juicio y de procesar legalmente a cualquier funcionario por parte de un fiscal, que no esté sujeto a las actuales limitaciones constitucionales, se antoja plausible y digno de reconocimiento para muchos, pero en la práctica podría implicar un grave riesgo para el estado de Derecho, pues su actuación podría quedar al arbitrio de fuerzas metaconstitucionales que pudieran llevar al país a un alto grado de ingobernabilidad.

Imaginémonos por un momento en un país como el nuestro, a un funcionario con tal nivel de poder de decisión, que pudiera sujetar a proceso a prácticamente a cualquier servidor público a su leal saber y entender, por no decir que a su antojo. ¿No estaríamos creando a un auténtico monstruo? Recordemos por un momento que estamos hablando de México y no de Finlandia.

No se puede legislar a la ligera y tal como lo vimos ayer -durante el primer debate de los candidatos a la Presidencia de la República-, no existen hoy los consensos sobre cómo habrá de ser el nombramiento de quien haya de ocupar el cargo de primer fiscal independiente quien se tornaría en una instancia ultrapoderosa a cuyo arbitrio estarían prácticamente sujetos,  -en buena medida-, el resto de los poderes de la unión y la sociedad entera.

Es necesario legislar sobre la subsistencia del fuero tal y como hoy se encuentra regulado y, desde luego este no debe ser pretexto para la impunidad, pero su eventual desaparición o limitación no puede ni debe dar lugar a una potencial e injusta cacería de brujas.

Sobre este tema habrá todavía mucho que pensar y discutir para obtener las mejores respuestas y desde luego la mayor seguridad para nuestra incipiente democracia y para la sociedad en general.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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