Frente a las Desapariciones, la Ley de Herodes

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La noticia de un joven de 17 años, estudiante de la Preparatoria No. 8 de la UNAM y de nombre Marco Antonio Sánchez, que desapareció tras haber sido detenido ilegalmente por elementos de la policía de la Ciudad de México, causó un notorio enfado en la sociedad mexicana tras haberse dado a conocer por los medios de comunicación.

Por fortuna Marco fue encontrado, solo que, en el Municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México, nada más y nada menos que a 30 kilómetros de distancia de donde fue sustraído arbitrariamente. Era de esperarse que las autoridades respectivas (es decir, Del Mazo III y Mancera), se ufanaran de la “excelente” labor de coordinación y del “éxito” de la búsqueda tras casi seis penosos y angustiantes días de haber desaparecido éste en las inmediaciones del Metrobús Rosario.

Aunque pareciera ser que esta historia de terror aquí finalizaba, la triste realidad es que apenas comienza, ya que las condiciones en las que Marco fue hallado por la ´policía mexiquense son indignantes. Desorientado y deambulando por las calles, deshidratado y hambriento, usando ropa prestada y con lesiones en cara y cuerpo, quien además, al encontrarse con sus padres, este no pudo reconocerles ni recordar su propio nombre. Sí, lo que está usted pensando mientras lee estas líneas es correcto, y es que el joven menor de edad presenta evidentes signos de tortura.

La desaparición de Marco Antonio Sánchez es un recordatorio más de la grave problemática que lleva golpeando a la sociedad mexicana desde hace décadas, la desaparición forzada. Si bien, el fenómeno ya es visibilizado actualmente facilitando su denuncia, este sigue presente, impune y, desafortunadamente, en ascenso. De acuerdo con cifras oficiales, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas contabilizó, hasta 2017, un total de 32,277 individuos. Simplemente indignante.

¿Pero qué hacen las autoridades entonces para frenar tan abominable situación? La respuesta se resume a una sola palabra, y esta es SIMULACIÓN.

Sí, en México frente a las desapariciones, el gobierno simula que trabaja, montando una pantomima oficial de falso combate a la impunidad.

El desdén con el que este gobierno trató al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no es una afrenta contra la ciudadanía? Que los legisladores hayan tardado más de dos años para promulgar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, ¿no es un insulto al intelecto de la sociedad mexicana?

O qué decir del ombudsperson nacional, quien en su reciente informe “presumió” haber concluido 27 investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas, cuando la cifra asciende a más de 30 mil desaparecidos ¿no es robarle a México, resolver solo el 0.08% de las desapariciones, teniendo un presupuesto que asciende a los 1,700 millones de pesos anuales?

El Rule of Law Index, que es un estudio realizado a nivel mundial para medir el Estado de Derecho que viven los países, recientemente publicó su edición 2017-2018 en el cual ubicó a México en el lugar 92 de un total de 113 países evaluados, colocando a nuestro país como uno de los más inseguros y corruptos del mundo, por debajo de naciones como Irán y El Salvador.

Pareciera que en México nadie gobernara y que este se ha vuelto una zona libre de justicia para el hampa. El estudio referido no solo reprobó a México sino que, además, si se realiza un análisis desagregado del mismo, este ubica al país en los rubros de “Ausencia de Corrupción”, “Orden y Seguridad” y “Justicia Penal”, en las posiciones 102, 99 y 105, respectivamente.

La sintomatología es clara, y es que México padece la ausencia de su gobierno, el cual ha optado simplemente por desaparecer. Su falta de respuesta institucional, así como el desbordado aumento de la corrupción y la inseguridad solo es muestra de que atienden a intereses particulares y no al bien común.

Santiago Corcuera Cabezut, reconocido experto internacional, en días recientes denunciaba que el gobierno de Enrique Peña Nieto había sido omiso en lo que al cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se trataba.

Y es que el comentario no podía ser más acertado ya que, a lo largo de este sexenio, se ha postergado la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ni ha reconocido la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. No es de extrañar entonces que las desapariciones en el país vayan en aumento y las acciones para evitarla sean insuficientes.

El gobierno quiere convencer a la población de que, frente a la desaparición forzada, aplicar la ley es la única solución. Y tiene razón, su mensaje es claro, no requerimos de instrumentos internacionales para combatir la desaparición, ya que México es un país de leyes.

Injusto sería afirmar que las autoridades no han invertido encomiables esfuerzos para hacerlas valer, lo han hecho y lo siguen haciendo, o qué ¿la Ley de Herodes no cuenta?

Saque usted sus conclusiones.

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Adalberto Méndez López. Country Representative para México de la Organización Internacional Justice Travel, LLC., Director Ejecutivo del Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos, A.C. (CIFODIDH) Y Consejero Académico del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, A.C. (CULTURADH); Catedático de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Profesor visitante de la SUNY University at Buffalo (E.U.A) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (OEA); Twitter: @ADALSAMMA; E-Mail [email protected]