Frente a la discapacidad, simulación nacional

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El 03 de mayo de 2008 fue un día histórico para los derechos humanos en México, ya que en esa fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto promulgatorio de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Dicho instrumento internacional, impulsado por el Gobierno de México a través de don Gilberto Rincón Gallardo, un hombre de izquierda y de un liderazgo incomparable (de esos que ya no existen y que tanto necesita el país), quien además fue el primer y ha sido el único candidato presidencial con discapacidad en México, constituye la norma que protege más ampliamente en todo el mundo al colectivo de personas con discapacidad.

Sin embargo, a diez años de la entrada en vigor de tan progresista normativa, la realidad de las personas con discapacidad en México poco ha cambiado.

Si bien, se han creado organismos especializados para atender sus necesidades, tales como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), y se han promulgado leyes para procurar sus derechos como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, estas acciones parecieran ser más una acción de simulación gubernamental que en verdad una solución efectiva que garantice el bienestar de dicho colectivo.

Simplemente basta con analizar la evidencia.

El último censo que incluyó a la población con discapacidad en México, fue el realizado por el INEGI en 2010, el cual, además, contabilizó de manera errónea a este grupo poblacional pues omitió varias discapacidades como la mental (es decir, aquellas personas que viven con una condición psicosocial como la depresión, esquizofrenia, entre otras), y consideró parcialmente a las personas con discapacidad cognitivo-intelectual (como el Síndrome de Down o el Trastorno de Déficit de Atención, por ejemplo).

Claro, el resultado de dicho censo arrojó una cantidad ínfima de personas sustentado en la irrisoria cantidad de solo 5% de la población nacional viviendo con alguna discapacidad, cuando el promedio calculado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) oscila entre el 12% y 15% del total de la población por país.

Años después, la institución reconocería dicho error y ajustaría las cifras a un estimado aproximado del 7.6%, sin embargo, la verdad es que solo trataban de adivinar, razón que los llevó a convocar al connotado Washington Group on Disability Statistics para que los ayudara en el próximo censo (que, por cierto, ya se atrasó tres años).

Por otra parte, se encuentra la cuestionable funcionalidad de los organismos creados para proteger y garantizar la igualdad de oportunidades de este colectivo, a saber: (i) el CONAPRED, (ii) el CONADIS y (iii) la CNDH.

Por su parte, CONAPRED, desde que su presidencia fue asumida por su actual titular, Alexandra Haas, ha brillado por su ausencia. Si comparamos la flamante gestión de don Ricardo Bucio, a quien hay que reconocerle que le dio presencia al organismo y lo hizo trabajando activamente, la administración actual deja no mucho, sino muchísimo que desear, y es que el órgano rector en materia de no discriminación se ha convertido en una editorial de lujo auspiciada por la Secretaría de Gobernación caracterizada, además, por su tibieza al evadir constantemente la atención casos de suma relevancia (como los de discriminación por parte de la iglesia católica o los reiterados actos de racismo en los partidos de futbol), optando en consecuencia por ser políticamente correcto o defender causas teloneras como la de Juan Gabriel y los comentarios realizados por Nicolás Alvarado.

CONADIS, está igual o peor. Y es que el organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, encargado de planear la política pública en materia de personas con discapacidad y de coordinar la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, es un auténtico fracaso.

Frente a tan noble organismo han transitado grandes figuras del movimiento de derechos humanos como el finado Francisco Cisneros y el connotado activista Alberto Athie, siendo durante sus gestiones los años de oro del organismo.

Sin embargo, el ocaso de este inició con el tránsito de grandes vergüenzas priistas como Jesús Toledano Landeros, cuya gestión se caracterizó por el despilfarro e inactividad del organismo, y su actual titular, la doctora Mercedes Juan, quien además de no tener idea alguna del tema, aterrizó ahí como premio de consolación tras su remoción como secretaria de Salud. Dicho organismo, durante casi todo el sexenio de Peña Nieto, se la ha vivido contestando demandas y atendiendo audiencias en lugar de implementar el inexistente Sistema Nacional para Personas con Discapacidad (SINADIS), anunciado con bombo y platillo por el presidente de la República el 03 de mayo de 2016. Una muestra de la nula calidad técnica de quienes conforman dicha dependencia.

Finalmente, otro fracasado organismo en la materia es sin duda la CNDH. Y es que esta de verdad no da una en la materia desde que la Convención entró en vigor. Hagamos un recuento de los hechos.

En términos del artículo 33.2 del multicitado instrumento internacional, los organismos públicos de derechos humanos de cada país debían asumir la condición de mecanismo de monitoreo nacional del instrumento internacional.

No fue hasta el año 2011, por un exhorto realizado por la cancillería, que esta acordó en un acta de su consejo consultivo la creación de una Dirección General Adjunta especializada en la materia.

Dicha Dirección, que además recibe un presupuesto etiquetado de manera independiente al asignado a la CNDH en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su operación, fungió ese año y hasta el 2015, como una gran productora de eventos asistenciales que de nada servían en el monitoreo de los derechos humanos del colectivo de personas con discapacidad, llegando a tal grado que la propia ONU emitió una recomendación en contra de este organismo por su inactividad e ineficacia.

Si bien, de 2015 a 2017, se hicieron sendos esfuerzos para consolidar un mecanismo que funcione tal y como lo exige la Convención, hasta la fecha, la CNDH carece de personal técnico y especializado que logre dar respuesta a las necesidades de este sector. La actual administración de González Pérez poco ha hecho en la materia, demostrando así su desinterés e ignorancia por esta causa.

Sin embargo, las personas con discapacidad siempre son un buen motivo para que los políticos se luzcan en la arena pública y, sobre todo, el presidente Enrique Peña, no perdió oportunidad alguna para sacar raja política ante la mediocre campaña de su candidato.

En redes sociales, el primer mandatario anunció que había girado instrucciones “al CONADIS, al CONAPRED y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de actualizar las normas para que los inmuebles del Gobierno federal cumplieran con estándares universales de accesibilidad, y a la Secretaría de la Función Pública para que el Registro Único de Servidores Públicos detalle necesidades de compañeros con discapacidad”.

¿Por qué si tuvo todo un sexenio para hacerlo, decidió girar instrucciones a escasos ocho meses de concluir su mandato? Tanto critican al populismo y, lo que hizo, no es más que populismo puro al vender ideas de imposible realización. ¿De dónde sacarán los fondos? ¿acaso se etiquetaron previamente para tal efecto? ¿y el famoso SINADIS de 2016, que no era para lograr esto? Espejitos de inclusión es lo que anunció el presidente a sus incautos seguidores.

No hay voluntad política del Gobierno para garantizarle sus derechos a las personas con discapacidad, estas seguirán siendo utilizadas solo para rellenar cuotas o pincelar de incluyentes a las campañas políticas, insumos puros para actos de simulación.

Nada sobre nosotros, sin nosotros” reza el popular adagio del movimiento de personas con discapacidad, acuñado desde la década de los años cincuenta.

Sin embargo, de poco ha servido en México, ya que solo ha justificado que personas sin el perfil idóneo estén hoy al frente de las políticas públicas en la materia.

No cabe duda de que al movimiento le hace falta madurar, pero frente a un colectivo inmaduro, un Gobierno abusivo como el actual ha tomado cínica ventaja sobre este.

Basta de simulación, hay que exigirles a los candidatos propuestas concretas y no palabras de aliento para el movimiento.

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Adalberto Méndez López. Country Representative para México de la Organización Internacional Justice Travel, LLC., Director Ejecutivo del Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos, A.C. (CIFODIDH) Y Consejero Académico del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, A.C. (CULTURADH); Catedático de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Profesor visitante de la SUNY University at Buffalo (E.U.A) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (OEA); Twitter: @ADALSAMMA; E-Mail [email protected]