Fiscalía acusa de lavado de dinero al expresidente peruano Alejandro Toledo

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La fiscalía anticorrupción de Perú presentó ante un juez este lunes una acusación por lavado de dinero en contra del expresidente Alejandro Toledo, refugiado en Estados Unidos, en un caso vinculado al escándalo de corrupción Odebrecht.

“El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial, formuló acusación contra el expresidente Alejandro Toledo (…) por el delito de lavado de activos en caso Ecoteva”, anunció la fiscalía en su cuenta de la red Twitter.

La acusación comprende también a otras cinco personas del entorno del exmandatario, entre ellas, su esposa franco-belga Eliane Karp y su suegra Eva Fernenburg.

La denuncia es la segunda que acumula Toledo luego de haber sido imputado por corrupción por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht para que le otorgara la licitación de la construcción de la carretera Interoceánica, que une Perú con Brasil.

El actual pedido de la fiscalía se relaciona con el caso Ecoteva, nombre de una firma ‘offshore’ abierta en Costa Rica para presuntamente lavar el dinero de dicho soborno, y con el que el exgobernante habría comprado propiedades, según los fiscales anticorrupción peruanos.

El pedido de la fiscalía a la justicia contempla también una solicitud de extradición.

Toledo, de 73 años, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, vive en California, Estados Unidos.

El exmandatario ha negado todas las imputaciones en su contra.

Perú presentó en marzo de 2018 a las autoridades de Estados Unidos una solicitud de extradición por el millonario soborno de la brasileña Odebrecht.

Por ese caso la justicia lo acusa de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero, en agravio del Estado peruano.

Toledo es uno de los cuatro expresidentes peruanos salpicados por el escándalo Odebrecht.

El exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril momentos antes de ser detenido como presunto beneficiario de sobornos en la construcción del metro de Lima. También están bajo investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

La constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que había pagado 29 millones de dólares en sobornos a gobiernos peruanos en los últimos años.

Por cierto, el conglomerado empresarial brasileño Odebrecht, en el centro de un escándalo de corrupción que abarcó una docena de países, introdujo este lunes un pedido de recuperación judicial para negociar deudas de 84 mil millones de reales (USD 21 mil 500 millones), informó la compañía.

Se trata del mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil, seguido por el concedido en 2016 a la empresa de telefonía Oi (64 mil millones de reales).

La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica-financiera del deudor, a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores.

De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores.

El pedido fue formulado por el Consejo de Administración de ODB (holding que controla las diferentes empresas del grupo) ante la justicia de Sao Paulo.

Además de la controladora ODB, el proceso involucra a una veintena de empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora OEC (Odebrecht Engenharia y Construçao) y la petroquímica Braskem.

Creada en 1944 en el estado de Bahia (nordeste) como una constructora civil, Odebrecht SA es actualmente un conglomerado de capital familiar que se forjó al calor de la obra pública.

Desde 2014 se ha visto sacudida por el escándalo de Lava Jato, después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos.

“El grupo Odebrecht llegó a tener más de 180 mil empleados hace cinco años. Ahora tiene 48 mil, a causa de la crisis económica (…), del impacto en su reputación de muchos de los errores cometidos y de la dificultad de muchas de las empresas que colaboran con la justicia para obtener nuevos créditos y contratos”, explicó el comunicado, firmado por el director presidente del grupo, Luciano Guidolin.

El esquema de corrupción de Odebrecht trascendió las fronteras y provocó crisis políticas en varios países.

Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2 mil 600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

(AFP)

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