Extitular de la SEIDO busca amparo

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El extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, presentó un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera existir en su contra.

Quien fuera subprocurador hasta diciembre pasado, argumentó que tiene conocimiento de una supuesta investigación que hay en su contra y que lo que se busca es fincarle alguna responsabilidad y ordenar su aprehensión.

“El quejoso refiere, en lo que interesa, que se enteró en fechas recientes que desde hace algunos meses se han realizado investigaciones en su contra para intentar fincarle alguna responsabilidad, pretendiendo solicitar a autoridad judicial orden de aprehensión en su contra”, refiere la resolución del juez décimo de distrito en Amparo Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, quien acordó que no se pronunciará sobre el otorgamiento de la suspensión, hasta que el exfuncionario aclare cuándo tuvo noticia de la posible existencia del mandato de captura.

El juzgador considera imprescindible este dato, por lo cual fijó a Lira Salas un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de su notificación, para que mediante un escrito aclaratorio manifieste “el día exacto en que tuvo conocimiento de las órdenes de aprehensión y comparecencia”.

El juez además advierte que solo aceptará ese escrito si es Lira Salas quien lo remite, “dado que la manifestación ‘bajo protesta de decir verdad’ constituye un acto de carácter personalísimo que solo puede realizar quien promueve la demanda”.

El 28 de noviembre pasado, unos días antes de dejar la Subprocuraduría, Lira firmó el no ejercicio de la acción penal con el cual se archivó la investigación por lavado de dinero contra Ricardo Anaya, relacionada con la nave industrial en Querétaro.

El 15 de mayo de este año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció que Lira violó la Constitución al difundir videos y comunicados que dañaron la imagen del candidato presidencial panista, al hacer un uso ilegal de recursos públicos con la intención de incidir en la campaña presidencial de 2018.

El TEPJF también determinó turnar este fallo al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de República.

(Con información de Reforma)

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