Expondrán ante la ONU caso de Los Porkys como mala práctica jurídica

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El caso de Los Porkys de Veracruz, será expuesto ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como un ejemplo emblemático de la mala actuación del Poder Judicial mexicano que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.

Esto coincide con que hace unos días, la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó revisar el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes acusados de violar a la menor Daphne Fernández en aquella entidad.

La evaluación se realizará del 02 al 20 de julio próximo.

Mientras tanto, la agrupación civil Equis Justicia para las Mujeres presentó ante el comité su “informe sombra”, en el que demuestra que el personal juzgador utiliza estereotipos de género en las resoluciones y no examina con perspectiva de género las pruebas que tiene en sus manos, como en el caso de Daphne.

Cabe señalar que Daphne fue violada en 2015, en Veracruz por cuatro jóvenes, cuando era menor de edad.

Uno de ellos, Diego Cruz Alonso, fue extraditado de España en enero 2017 para enfrentar el cargo de pederastia, pero el juez tercero de distrito del séptimo circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó la libertad tres meses después por un amparo que impulsó su defensa.

Según el juez, Daphne no se encontraba en indefensión y Diego Cruz cometió únicamente “tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula para satisfacer un apetito sexual”.

La determinación del juzgador fue severamente criticada por la sociedad civil.

La fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Cruz, por lo que los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito solicitaron a la Corte que lo atrajera para revisar la sentencia.

Los ministros del máximo tribunal de justicia del país, no consideraron que el caso fuera lo suficientemente relevante para atraerlo.

Nuestro país ha sido cuestionado por la falta de acceso a la justicia en materia de equidad de género, y el Gobierno ha argumentado que se está capacitando al personal para desempeñarse eficazmente en ese terreno.

Ya en 2012, en las observaciones que hizo Cedaw a México, exigió en las recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado eliminara las prácticas discriminatorias en la labor de las personas juzgadoras, y aplicar la perspectiva de género en la resolución de casos.

Lo cual no ha ocurrido.

Cabe señalar que el comité de Cedaw es un instrumento internacional integrado por 23 expertas, el cual analiza que los Estados cumplan con las recomendaciones de la convención a favor de los derechos femeninos.

Las recomendaciones que dan las expertas son de carácter obligatorio para los gobiernos que han ratificado el convenio.

(Con información de Milenio)

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