Exoneraciones en liquidación por fin de temporada peñista

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El presidente Enrique Peña Nieto está cerrando su sexenio de forma descaradamente provocadora. Y es que la histórica derrota del PRI en las pasadas elecciones, donde la gran mayoría de los mexicanos le demostró de forma clara y contundente, el inmenso repudio del que goza su corrupta Administración, le hace lo que el viento a Juárez.

Al parecer, para Peña, el desvío de cientos de millones de pesos del erario de Chihuahua (que fueron usados para campañas electorales del PRI) a través del aún miembro del tricolor y exmandatario de esa entidad César Duarte, en contubernio con el entonces secretario de Hacienda, hoy actual canciller, Luis Videgaray, y el exsecretario del CEN del tricolor, mano derecha de Manlio Fabio Beltrones cuando estaba al frente del Revolucionario Institucional, más que delitos graves, vienen a ser algo así como pecadillos sin importancia que pueden ser perdonados mediante el uso del aparato de justicia de nuestro país como si se tratara de un jueguito de canicas.

Peña Nieto se va del poder en 89 días más, pero no se va solo. Las exoneraciones y reclasificaciones de delitos en la Procuraduría General de la República (PGR) están en liquidación por el fin de la temporada peñista.

En días pasados nos enteramos que la PGR retiró la acusación por delincuencia organizada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la “reclasificó” por la de asociación delictuosa, delito que no exige prisión preventiva, por lo que el exmandatario podría continuar el proceso en libertad.

Al parecer, las maniobras de la PGR por liberar a quienes fueron los operadores financieros de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y de campañas estatales priistas a lo largo de su sexenio, siguen su marcha y van a todo vapor:

El miércoles 29 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió desechar el recurso presentado por el estado de Chihuahua, para que revisara la actuación irregular de un tribunal colegiado de la Ciudad de México, que federalizó el caso de la triangulación de recursos al CEN del PRI que involucra a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de desviar 250 millones de pesos del erario de Chihuahua para campañas electorales del tricolor.

El jueves 30 de agosto, el Primer Tribunal Colegiado del Circuito de Chihuahua, revocó la prisión preventiva que enfrentaba Gutiérrez, en el proceso penal del fuero local, que lo mantenía internado en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán en Chihuahua y ordenó considerar otra medida cautelar preventiva de menor intensidad.

Y ayer, 31 de agosto, según información obtenida por el Gobierno de Corral Jurado, la PGR se desistiría de las acusaciones penales en contra de quien fuera la mano derecha de Beltrones. La audiencia ante el juez estaba programada para las 7 de la tarde de ayer viernes, así que es muy posible que para estas horas que me lee, querido lector, Alejandro Gutiérrez esté gozando de su libertad.

Por eso escribí al inicio, que el repudio de la sociedad por la Administración más corrupta y ladrona de la cual se ha documentado de forma puntual el brutal desvío de recursos públicos, a Peña le hace los mandados. Nada lo detiene en su empeño por cubrir las huellas del pacto de impunidad que mantuvo a flote su Gobierno.

A 89 días de dejar el poder, Peña Nieto, muestra su lado más autoritario, corruptor y cínico.

Mientras en cadena nacional, a raíz de su último informe de Gobierno, nos bombardea con spots donde se lava la cara por su Casa Blanca, cuenta los “logros” de su Administración en un México inexistente y se mofa de las familias del caso Ayotzinapa, dando por válida la “verdad histórica” que fue tirada por las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense y por un tribunal que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación por el caso de los normalistas desaparecidos, ya que la indagatoria de la PGR, no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Mientras sale a dar entrevistas a modo, a sonreír, a decirnos que deja un país mejor que hace seis años, el poder judicial a su servicio, allana el camino para que salga en libertad uno de los principales implicados en la Operación Zafiro.

El caso Chihuahua es la punta del iceberg del modus operandi del PRI-Gobierno, las investigaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Corral han exhibido la columna vertebral podrida del régimen peñista, el financiamiento al PRI mediante el robo de recursos estatales con la complicidad de gobernadores y funcionarios de alto nivel.

El caso Chihuahua puso en jaque al Gobierno de Peña Nieto, y a 89 días de dejar el poder, está actuando al igual que lo han hecho todos los expresidentes de México, ejecutando maniobras para poder irse impunes y millonarios. Lo dicho, la derrota en las urnas, le hizo lo que el viento a Juárez.

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