Exhiben acuerdo entre Rosario Robles y rector de la UAEM para celebrar contratos

Eruviel Ávila y Rosario Robles. Imagen de archivo.
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Las organizaciones Tojil, A. C. y Mexicanos Contra la Corrupción  y la Impunidad (MCCI) presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) el convenio de colaboración firmado por la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Lo anterior, para complementar las investigaciones que se siguen en contra de la exfuncionaria como parte de La Estafa Maestra.

El documento fue suscrito por la propia Robles Berlanga el 19 de junio de 2013, y por el entonces rector de la UAEM, Jorge Olvera, quien actualmente funge como ombudsman mexiquense.

Como testigo de honor, firma el entonces gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, ahora senador por el PRI. 

El acuerdo establece “los mecanismos y acciones de coordinación entre las partes para la realización de proyectos y programas en áreas de interés común”, desde esa fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Además, da cuenta del compromiso a través del cual los funcionarios de ambas partes con “las facultades para comprometer y representar legalmente a las mismas” firmarían “convenios específicos”, para conocer las obligaciones de ambas partes y el costo de los servicios.

Es decir, solo los funcionarios de las áreas correspondientes podrían comprometer los recursos, de acuerdo a sus obligaciones reglamentadas, por lo que ningún secretario de Estado le corresponde firmar los convenios específicos.

A través de él, se permitió la entrega de 304 millones de pesos para la realización de supuestos servicios del programa de Adultos Mayores, como dar mantenimiento al padrón de beneficiarios y la digitalización de documentos, además de echar andar la ventanilla de atención para incorporación de los beneficiarios del programa pensión para Adultos Mayores”, lo cual nunca ocurrió.

Y no solo eso, sino que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para ambos servicios se contrató a las mismas empresas: Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., y Symmetrix Architecture, S.A. de C.V., las cuales no tienen antecedentes registrales.

Es decir, que las compañías incumplieron con el registro de su nombre ante la Secretaría de Economía, la primera obligación para constituirse como empresa en el país. 

Y las irregularidades cometidas por ambas empresas contratadas por la Universidad del Estado de México se repitieron también en supuestos servicios para el programa de jornaleros. 

Otro, es el convenio CE-45799-2014 entre el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM, y el jefe de la Unidad de Microrregiones de la Sedesol, Julio Federico Villegas, para realizar “el estudio socioeconómico de 200 mil familias” ubicadas en los municipios más pobres del país en 2014, por un pago de 70 millones de pesos. 

La Auditoría comprobó que el mismo día en que firmaron este convenio, el Fondict contrató a la empresa Integrasoft, S.A. de C.V., por casi 31 millones de pesos, (aunque solo comprobó servicios por 9 millones de pesos) y esta a su vez, subcontrató a Suasor Consultores, S.A. de C.V., por 21 millones de pesos. 

Los servicios prestados a la dependencia fueron deficientes o de plano no ocurrieron, por lo que la Auditoría determinó un “probable daño al erario” por 44 millones 945 mil pesos. 

En otro convenio, el Fondict-UAEM cobró a la Sedesol 140 millones de pesos en dos meses (del 03 de octubre al 01 de diciembre de 2014) para hacer otra vez cuestionarios socioeconómicos para “el programa para el desarrollo de zonas prioritarias durante dos meses”.  

Se repitió el mismo mecanismo que en el convenio anterior: subcontratación de empresas e inconsistencias en las bases de datos de los supuestos cuestionarios levantados.

La Auditoría determinó un “probable daño al erario” por 98 millones 427 mil pesos, es decir, 70% de los recursos entregados en este convenio. 

Cabe mencionar que durante la audiencia de este jueves, celebrada en el Reclusorio Sur, un juez federal decidió aplazar para el próximo lunes a las 18:00 horas la audiencia en la que determinará si vincula o no a proceso a Rosario Robles por sus presuntas omisiones ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos en el caso de La Estafa Maestra.

Si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que se señala a la exjefa de Gobierno capitalina, no amerita prisión preventiva, a más de uno sorprendió que el juez encargado no dictara ninguna medida preventiva.

(Con información de Animal Político y Reforma)

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