Ex primera dama guatemalteca enviada a prisión por corrupción electoral

Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala. Johan ORDOÑEZ / AFP
- Publicidad -

La excandidata presidencial y ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, fue detenida y enviada a prisión este lunes por un caso de corrupción en las finanzas de su partido en 2015, una investigación apoyada por una misión antimafias de la ONU, próxima a cerrar.

Torres, de 63 años, fue detenida en su residencia en un sector exclusivo en la periferia este de Ciudad de Guatemala, dijo a periodistas Julia Barrera, vocera del Ministerio Público.

“Se le sindica por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita”, declaró Barrera.

La ex primera dama socialdemócrata perdió el pasado 11 de agosto la segunda vuelta presidencial frente al médico derechista Alejandro Giammattei.

Durante la campaña, gozó de inmunidad por su condición de candidata.

Después de escuchar los motivos de su detención, Torres fue enviada a una cárcel dentro de un cuartel militar en el norte de la capital a la espera de la audiencia de primera declaración, programada para el próximo viernes.

Los abogados defensores intentaron que la jueza Claudette Domínguez ordenara el internamiento de la excandidata en un hospital al aducir que sufre malestares de salud, pero la juzgadora lo negó y ordenó que fuera evaluada por médicos en prisión.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) había pedido en febrero retirar los fueros de Torres para investigarla por unos 2.5 millones de dólares que no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015, en la que se postuló a la presidencia por la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La UNE había llevado al poder a su entonces esposo, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para competir por la primera magistratura en las elecciones de ese año pero la justicia le negó su participación.

Los fondos fueron entregados al partido por dos empresas guatemaltecas pero nunca se incluyeron en los reportes presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó en aquella ocasión el fiscal, Juan Francisco Sandoval, durante una rueda de prensa.

Torres fue trasladada este lunes en una patrulla policial desde su residencia a la sede de tribunales. Por momentos, la excandidata se cubría la cabeza y el rostro con una sudadera y gafas oscuras.

“Es una persecución política”, dijo Torres brevemente a su arribo al Palacio de Justicia, en el centro de la capital, donde acusó a Giammattei de presionar para su arresto.

“Totalmente es político (el arresto), y pregúntele al doctor Giammattei porque él dijo que no se iba a quedar tranquilo hasta que me metiera a la cárcel”, agregó.

Durante la campaña, Giammattei prometió “hacer todo lo que esté en mis manos” para encarcelar a Torres e incluso pidió a la fiscalía, previo a los comicios, tramitar una orden de arraigo para evitar que la ex primera dama huyera del país al quedar sin inmunidad.

Tras perder los fueros, Torres se puso a disposición del juzgado que ventila el caso.

Giammattei dijo en conferencia de prensa que la acusación de Torres le provocaba “una simple sonrisa” e indicó que no tiene “el poder” para encarcelarla.

“Es un hecho que creo que muchos guatemaltecos esperaban. Lo que esperamos nosotros es el debido proceso y el respeto a la ley”, afirmó el presidente electo en tono serio, distinto a las enérgicas declaraciones de campaña.

En la investigación contra Torres participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que ayudó a combatir la corrupción en el país y cuyo mandato concluye este martes tras 12 años de labores.

La Cicig, que funciona desde 2007 a petición del gobierno guatemalteco para atacar las estructuras criminales incrustadas en el Estado, colaboró con el Ministerio Público en este y otros casos que alcanzaron a sectores políticos y económicos considerados intocables.

En 2015, la fiscalía y la Cicig revelaron un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos de importación.

El presidente Jimmy Morales se retractó de una promesa de campaña de ampliar la misión de la Cicig hasta 2021.

Y por el contrario acusó al ente de ser una amenaza a la paz del país al indicar que cometía ilegalidades en sus investigaciones.

La decisión de Morales ocurrió después que la Cicig y la fiscalía pidieron investigarlo por sospechas de no haber reportado fondos en su campaña de 2015, una imputación similar a la de Torres, pero el Congreso ha evitado que se le retiren los fueros al gobernante.

(AFP)

Comentarios