Ex oficial mayor de Sedatu y Sedesol estaría dispuesto a declarar contra Robles y Peña

Emilio Zebadúa no quiere ponerse el traje a rayas y acompañar a su exjefa en la cárcel

Rosario Robles y Emilio Zebadúa. Fotos: cuartoscuro.com
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Si Rosario Robles ha adelantado que no va a delatar a nadie para recibir beneficios durante su detención, tal como ha denunciado, pues Emilio Zebadúa quien fuera oficial mayor de la Sedatu y de la Sedesol cuando la exfuncionaria estaba a cargo de ambas Secretarías, ya habría dicho que él sí colaboraría.

Zebadúa fue pieza clave en la ejecución de La Estafa Maestra y ofreció convertirse en testigo protegido, con la posibilidad de revelar el papel del expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa, Rosario Robles como artifices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI.

Fuentes del Gobierno federal, confirmaron que hace unos días el exfuncionario acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el criterio de oportunidad, y colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal.

En su primer acercamiento ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar contratos de las dos dependencias federales, a través de las cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos.

También adelantó que cuenta con información que relaciona a Enrique Peña Nieto con La Estafa Maestra, la cual está dispuesto a revelar en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público.

También estaría dispuesto a detallar que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados del país durante el sexenio pasado.

La Estafa Maestra fue un mecanismo a través del cual durante al administración pasada, tanto la Sedesol como la Sedatu suscribieron convenios y contratos principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos.

El Código Nacional de procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que el imputan.

Pero solo se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado.

Solo queda la duda, si para la actual administración federal este tema es de vital importancia, qué estarán esperando que no le han tomado la palabra al chiapaneco.

(Con información de Reforma)

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