Estados Unidos sanciona a varios colaboradores de Nicolás Maduro.

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El gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones contra trece funcionarios y ex funcionarios venezolanos por abuso de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia con el fin de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente.

Entre los sancionados están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y ex vicepresidente de Venezuela Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la exministra y miembro de la comisión para la Constituyente, María Iris Varela y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

También están el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB policía militarizada) Sergio Rivero Marcano; el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez: el exjefe de ese mismo cuerpo, Franklin García Duque y el comandante del Ejército Bolivariano Jesús Suárez.

El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó además al vicepresidente de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Simón Zerpa;  al Tesorero de la Nación Carlos Malpica Flores; al viceministro de Exteriores para Europa, Alejandro Antonio Fleming y al presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) Rocco Albisinni Serrano.

Pese a incluir en su lista a un alto cargo de PDVSA, el Gobierno del presidente Donald Trump no llegó al punto de imponer sanciones más amplias que pudieran  afectar a todo el sector petrolero de Venezuela, aunque advirtió que no ha descartado esa opción.

Trump advirtió la semana pasada de que si Maduro sigue adelante con sus planes de celebrar este domingo una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) respondería con acciones económicas “fuertes” contra el Gobierno venezolano y sigue la amenaza activa.

Los sancionados hoy coinciden en parte con una lista propuesta este martes a Trump por los senadores de origen cubano Marco Rubio y Bob Menéndez y todos ellos verán congelados cualquier propiedad que puedan tener en Estados Unidos y tendrán prohibido hacer transacciones con estadounidenses o personas que se encuentran bajo esa jurisdicción.

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