Empresario sinaloense vinculado con fraude al fisco es apapachado por Gobierno de AMLO

Alfredo Aramburo Nájar. (Imagen de archivo)
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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene tratos con un empresario sinaloense que está en el ojo del huracán por presuntamente estar vinculado con un fraude al fisco.

Su nombre es Alfredo Aramburo Nájar, quien no sólo recibió la concesión de un estadio de béisbol en Guasave, Sinaloa, sino que es asesor externo del comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis) e incluso ha recibido dinero de la SEP para buscar jóvenes talento en ese deporte.

En octubre de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reapertura del estadio Francisco Carranza Limón de Los Algodoneros de Guasave, Sinaloa.

Al proyecto se le inyectó una inversión de 136 millones de pesos: 65 millones de pesos por parte del Gobierno federal, 6 millones del Gobierno de Sinaloa y 65 millones del empresario Alfredo Harp Helú.

La franquicia algodonera regresó a la Liga Mexicana del Pacífico con nuevo dueño, el mazatleco Aramburo Nájar, quien es contador, con experiencia en béisbol.

Él tendrá la concesión para explotar económicamente el estadio rehabilitado  por los próximos 15 años.

Y es polémico, porque forma parte de la red de 43 empresas denunciadas por el propio Gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Una de las empresas mencionadas es Costa Bella and Sands, en cuya documentación aparecen como dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías.

La facturera no tiene instalaciones reales, ni personal, ni activos, y emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen.

Detrás de Costa Bella, hay un complejo entramado de 115 empresas que forman una red, es decir, que comparten socios, representantes, apoderados, comisarios y direcciones, siempre con sociedades de Alfredo Aramburo o de su familia en el centro.

Además de Costa Bella, en esa red hay más factureras o empresas fantasma, como también se las conoce coloquialmente. Un ejemplo: Skep Prácticas Administrativas, sociedad de los empresarios sinaloenses Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, dueños del Grupo ARHE y de otro equipo de béisbol profesional, Los Leones de Yucatán, y socios de Alfredo Aramburo en múltiples compañías.

La red es tan extensa que incluye compañías en paraísos fiscales, como Panamá, o Nevada, en Estados Unidos; u otras empresas como Operadora Grupo Gas Mart: una de las cinco firmas que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en diciembre pasado por presuntamente triangular sobornos millonarios a Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad del ex Presidente Felipe Calderón, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Una de las compañías dueñas de Costa Bella es MLX del Noroeste Inmobiliaria, fundada en agosto de 2014 por Guadalupe Nájar Huerta, madre de Alfredo Aramburo, quien tuvo el cargo de comisario en esta sociedad.

MLX del Noroeste, a su vez, es accionista de otras empresas de Alfredo Aramburo, como Fan Corporativo de Negocios, en la que aparece como socia su esposa, Liria Lorena Figueroa Tirado.

Promotora West Marine es otra de las dueñas de Costa Bella. En su documentación aparece como socio y administrador general Ildefonso Cristerna Vizcarra, esposo de María Guadalupe Aramburo Nájar, hermana de Alfredo. Ildefonso también aparece como socio de Costa Bella.

Al margen de la familia, en los documentos de Costa Bella y de las empresas que forman parte de su accionariado, aparecen personajes que ocupan cargos en otras empresas de Alfredo Aramburo.

María Imelda Peralta González, por ejemplo, es apoderada de Grupo Inmobiliario Saparly, otra accionista de Costa Bella, y es también apoderada de Operadora de Espectáculos Deportivos Guasave, la empresa que recibió el pasado 20 de marzo la concesión del Ayuntamiento de Guasave para explotar durante 15 años los beneficios económicos del estadio de Los Algodoneros.

María Imelda también es apoderada del Consorcio Turístico Bluebay; otra empresa de la red que el SAT incluyó oficialmente en su lista de factureras.

Además de compartir socios y apoderados, Costa Bella y sus empresas satélites también tienen en común unos terrenos ubicados en los ejidos El Costeño y Revolución, en Ensenada, Baja California.

Documentación obtenida en el Registro Público de Comercio detalla que esta red comparte los terrenos, pero no a través de una compra-venta, que tendrían que reportar al SAT, sino a través de una cesión por 20 años.

Por ejemplo, Costa Bella fue constituida el 07 de marzo de 2016 con una inversión de sus socios de apenas 20 mil pesos. Para el 06 de abril, es decir un mes después de su creación, su empresa satélite Servicios Turísticos West Marine le cedió un terreno de más de 7 millones de metros cuadrados valuado por un perito en 1 mil 567 millones de pesos.

Posteriormente, en julio de 2016, otra empresa satélite, Grupo Inmobiliario Saparly, le cedió otro pedazo de terreno valuado en 725 millones de pesos.

Y así hasta que el 06 de junio de 2017, quince meses después de que fuera constituida con apenas 20 mil pesos, Costa Bella infló su valor tras varias cesiones hasta los 8 mil 045 millones de pesos.

Expertos fiscalistas consultados explicaron que la cesión de terrenos entre una red de empresas, entre las que además hay factureras, es una forma, presuntamente, de inflar sus estados financieros y el valor de las compañías. Esto, por ejemplo, para simular una solvencia económica con la que podrían justificar su participación en licitaciones y adjudicaciones de contratos con el gobierno o en proyectos de inversión privados.

Precisamente, estos movimientos de terrenos entre empresas de un mismo grupo fue otro de los criterios de riesgo”, además de las facturas falsas, que prendieron las alertas en la Procuraduría Fiscal para incluir a Costa Bella and Sands en la lista de 43 factureras que denunciaron ante la Fiscalía.

Tanto ellos, como su socio Alfredo Aramburo, fueron invitados a una comida privada con el presidente López Obrador el pasado 17 de diciembre, a la que asistieron los dueños y accionistas de los equipos de las dos ligas de béisbol profesional de México, y empresarios como Carlos Slim y el magnate beisbolero, Alfredo Harp Helú. López Obrador tuiteó la foto del encuentro y dijo que en la comida platicaron sobre cómo promocionar el béisbol en México.

Fuera del deporte, los Arellano son más conocidos como los dueños del Grupo ARHE, que integra hoteles, centros comerciales y condominios de lujo en Mazatlán y Culiacán, además de inmobiliarias, gasolineras y firmas de servicios legales, como la cadena UPC.

Con algunas de esas compañías, estos empresarios ganaron en siete años contratos con el gobierno de Mazatlán por al menos 118 millones de pesos, además de ganarle un litigio por otros 300 millones al mismo ayuntamiento que les dio los contratos públicos, aunque este pago aún no se concretó.

Sin embargo, en ese emporio también hay, según el SAT, firmas señaladas de factureras como CLC Integradora Financiera y Skep Prácticas Administrativas Integrales. Esta última forma parte del accionariado de otras 12 empresas de los hermanos Arellano Hernández.

En total, la red de los Aramburo-Arellano” suma al menos 115 compañías que acumularon un capital social de al menos 51 mil millones de pesos, más de 2 mil 200 millones de dólares al cambio actual.

En junio de 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la antigua Unidad de Inteligencia Financiera investigó a 35 integrantes de esta presunta red de empresas factureras, a los que acusó de lavado de dinero, congelándose las cuentas bancarias. Sin embargo, las indagatorias no prosperaron y las cuentas fueron desbloqueadas, en algunos casos a pocos meses de que terminara el sexenio.

La familia recurrentemente ha buscado amparos contra investigaciones al respecto, incluida la madre y los tíos del polémico empresario.

Esta mañana, al ser cuestionado al respecto, el Presidente López Obrador, aseguró que él no sabía que el empresario a quien el Gobierno le entregó el estadio de Los Algondoneros fuera investigado por lavado y defraudación fiscal.

El Mandatario dijo que esto se investigará y de ser cierto intervendrán el SAT y la propia Fiscalía General de la República (FGR).

(Con información de Animal Político)

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