Eliminar el Ramo 23, un gran reto para López Obrador

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El ejercicio del poder en México, como en otros países, siempre ha estado ligado a cuantiosos recursos económicos que se captan a través de diversos mecanismos presupuestales, en ocasiones hasta de manera secreta y se ejercen de manera discrecional, siempre siguiendo los intereses del ejecutivo.

En la medida que la sociedad se ha involucrado en los rubros de transparencia y rendición de cuentas, el manejo de estos recursos ha empezado a fiscalizarse y se ha legislado en torno a este tema, sin embargo, este sexenio nos ha demostrado lo grave de la situación que predomina en este rubro y la indispensable necesidad que tenemos de eliminar estas prácticas tan corruptas y lacerantes para nuestra economía.

Tal como lo hemos manifestado, hoy en día y desde sexenios anteriores, la Secretaría de Hacienda opera algunos programas y fondos, a través del llamado Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, que no está regulado bajo ninguna ley y tampoco tiene reglas de operación para funcionar, pero en el cual se gastan decenas de miles de millones de pesos cada año, como mecanismos con los cuales la Presidencia puede premiar o castigar a sus aliados o enemigos políticos; el ejecutivo, vía Hacienda, es quien decide cuánto se gasta a través de estos programas, quién recibe los recursos, por qué razón lo recibe, en pocas palabras, cuánto, cuándo y cómo se reciben; todo esto sin obedecer ninguna regla ni criterio preestablecido.

Desafortunadamente, el marco regulatorio actual del Ramo 23 no solo permite y fomenta que los recursos públicos se asignen de manera discrecional, también que algunos de sus fondos presenten brutales sobreejercicios, como el del Fortafin de 2017, al que se le aprobaron recursos por 3 mil 244 millones de pesos y a septiembre de 2017 llevaba ejercidos 32 mil 806 millones, 10 veces más de lo que aprobó el Congreso, tal como lo dejó en claro una investigación de la organización México Evalúa que concluyó que existen por lo menos tres fondos en este ramo que no tienen reglas claras y no cuentan con criterios establecidos para entender cómo se asignan los subsidios a los estados.

Una de las razones por las cuales el Ramo 23 ha sido propenso al uso político por parte del presidente, es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos estatales, para financiar proyectos de inversión, dicho sea de paso, programas que han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación gracias a la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y al uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos, lo que deriva directamente en una nula rendición de cuentas.

Por todas estas razones resulta muy interesante la manifestación del diputado Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en la que dio a conocer que le ha propuesto al futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la desaparición del Ramo 23 como parte de los cambios en el diseño del Presupuesto de Egresos 2019.

El diputado afirmó que el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, podría eliminar esa partida en el proyecto que enviará al Congreso en el mes de diciembre.

De manera elocuente, las razones aterrizadas en la Cámara de Diputados son obvias “para eliminar muchas cosas que se prestan al moche o a los proyectos que surgen en la noche de la aprobación del presupuesto”.

La otra alternativa probable es que durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2019, se elimine. Sin embargo, sería de un peso político mucho más importante si viniera eliminado de origen.

Delgado adelantó que los fondos y partidas que eran asignadas a ese ramo podrían pasar directamente al presupuesto que se asigna a las dependencias federales y consideró que la eliminación del Ramo 23 permitiría combatir la corrupción que se ha fomentado en el poder legislativo durante este sexenio, lo que se le olvidó al diputado acotar es que más allá de esos fondos distribuidos entre los 500 diputados, que oscilaban los diez millones de pesos cada uno, era la figura presidencial la que tenía manga ancha para dar y repartir con la ley del garrote o de la zanahoria, según fuera el caso.

Generar una reingeniería de los fondos contenidos en el Ramo 23 implicará de cualquier manera lineamientos claros y transparentes para evitar, bajo cualquier circunstancia, que se conviertan en fuentes de corrupción.

La importancia de eliminar el Ramo 23 por completo es aún más importante para la próxima Administración, que ha planteado un esquema de coordinación con las administraciones estatales a través de una única figura que coordine los esfuerzos federales, esa personalidad que muchos han llamado “superdelegados” concentrarán una cantidad de poder y recursos suficiente, como para que adicionalmente existan fondos discrecionales que podrían situar a López Obrador en una posición de mayor poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria, o simplemente la oposición tenga los elementos o el pretexto de acusarlo de hacer un uso totalmente faccioso del erario, tal como lo han hecho sus antecesores.

Es una oportunidad sin desperdicio para el presidente electo tomar el reto de eliminar el Ramo 23, de tajo y de origen. 

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