Educación de excelencia

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Una de las mayores retos que debe enfrentar cualquier gobierno es sin duda el concerniente a la educación, en especial en lo referente a la educación que presta el Estado como un servicio público y una garantía fundamental a la que todos los ciudadanos deben tener acceso.

Uno de los grandes cambios que resultaron de las llamadas reformas estructurales concretadas durante la pasada Administración federal lo fue, sin duda, la reforma constitucional en materia educativa y que desde su entrada en vigor fue duramente cuestionada por algunos a la vez que aplaudida también por otros.

Los críticos de la misma, han visto en ella más una serie de restricciones a las condiciones laborales de los maestros, que un nuevo esquema para lograr una mejoría de fondo en nuestro sistema educativo. La realidad es que contiene ambos aspectos, de una parte, la creación de un sistema generalizado de evaluación docente, era una necesidad inaplazable en un régimen que durante décadas permitió que el corporativismo sindical más siniestro, se adueñara en gran medida del control del presupuesto público destinado a la educación y que se comerciara con las plazas de maestros e incluso, que estas pudieran heredarse como si se tratase del patrimonio privado de quienes las ocupaban.

El trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) generó la posibilidad de crear una auténtica meritocracia en la cual los puestos de trabajo y el desarrollo jerárquico en el magisterio fueran conquistadas con base en el mérito, con un predominio de valores asociados a la capacidad individual y al espíritu competitivo, en pocas palabras, con base en el estudio y en el trabajo.

Como era lógico, tales disposiciones fueron rechazadas de inmediato por los líderes sindicales sobre todo los de las áreas más radicales asociadas con la llamada CNTE que controla a cientos de miles de docentes en varias zonas del país. Su poder, asociado al control de puestos de trabajo y enormes recursos financieros se vio mermado por la nueva regulación.

Durante la época de campañas electorales del año pasado, los posicionamientos de los candidatos en torno a la reforma educativa se polarizaron. El hoy presidente de la República ofreció dejarla sin efectos y no solo eso, prometió que de conseguir la victoria ningún aspirante a entrar a una universidad pública se quedaría sin un lugar.

La semana pasada el Gobierno presentó el programa “Jóvenes escribiendo el futuro”. En el acto, el titular del Ejecutivo reiteró lo que venía declarando desde los tiempos de campaña: que los exámenes de admisión eran parte de una estrategia de los neoliberales para privilegiar a la educación privada y dejar a millones de jóvenes sin acceso a la educación superior, pero que esto se ha terminado pues la educación es un derecho que no se le puede negar a nadie.

La realidad es que siendo objetivos el planteamiento del presidente López Obrador es una falacia y un sofisma. Se trata de un argumento que a primera vista se escucha como válido y razonable pero no lo es.

Es cierto que la educación es un derecho, así lo señala expresamente el artículo tercero constitucional, pero no lo es menos que conforme a la doctrina general de las obligaciones, a todo derecho corresponde una obligación correlativa y que ambos conceptos son en realidad una misma cosa vista desde ángulos diferentes. Lo que desde la óptica del acreedor es un derecho, para el deudor constituye una obligación.

Los exámenes de admisión han constituido históricamente la herramienta más eficaz y transparente para acceder a una universidad a cursar cualquier grado de estudios. No solo ello, en muchos países que se distinguen por la excelencia de sus sistemas educativos como Alemania, Holanda, China o Corea, las posibilidades para ocupar un pupitre en muchas universidades y para estudiar carreras tan competidas como medicina o derecho existe el llamado criterio de numerus clausus también conocido como numerus fixus, los cuales implican el que cada ciclo escolar se abra solo un número limitado de lugares y que únicamente los estudiantes más capaces, y que así lo acrediten en el examen correspondiente, puedan tener el privilegio de acceder a esos lugares. En pocas palabras, los candidatos a ser admitidos tienen el deber, (la obligación) de prepararse lo suficiente y demostrar que son los mejores.

Es por ello que, abrir indiscriminadamente las puertas de las instituciones de educación superior a todo aquel que lo solicite no haría sino rebajar el nivel de las mismas y contaminar el ambiente hacia su interior frenando el desarrollo de los más capaces.

A todo ciudadano debe reconocérsele el derecho y la garantía a ser educado, pero pensar que todos forzosamente deben ir a la universidad y alcanzar una licenciatura es un despropósito y un absurdo.

En México hacen falta miles de técnicos capacitados que puedan ser reconocidos profesionalmente por sus conocimientos, capacidad y experiencia y que reciban un ingreso digno de los servicios de excelencia que puedan prestar. Necesitamos plomeros, albañiles, mecánicos, carpinteros, electricistas, carniceros, etc., certificados y preparados tanto académica y prácticamente como sucede en los países desarrollados.

Para ellos existen instituciones educativas de primer nivel que garantizan su formación y capacitación y gozan de gran respeto y reconocimientos sociales, al tiempo que perciben ingresos con frecuencia superiores a quienes acuden a las universidades.

El argumento de que la pobreza es un obstáculo para recibir educación debe ser superado creando mayores oportunidades en distintas áreas para la mayoría de nuestros jóvenes, pero sin desvirtuar los mecanismos de selección democrática y transparente que han probado su eficacia a lo largo de siglos. Lo demás, es demagogia.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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