El Eclipse Humanitario de Peña

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El debate presidencial del pasado 22 de abril, ha acaparado las discusiones de la última semana, y como no iba a serlo si más que un debate parecía un stand up televisado en cadena nacional.

Entre la nula preparación de Margarita Zavala, las grisura y pésimo sentido del humor del candidato tricolor, la sorpresiva pasividad de López Obrador, la exposición universitaria de Anaya y las ocurrencias del Bronco evocando al medioevo tras afirmar que “mochar manos” era la solución a la delincuencia, el “debate” solo versó sobre AMLO y al final nadie ganó nada, las intenciones de voto quedaron tal y como empezaron.

Un auténtico festival de la comicidad política con un récord de audiencia inédito fue lo que se vivió hace una semana, y es que ahora el INE sí hizo bien su trabajo, quizás para organizar elecciones Lorenzo Córdova sea un fracaso, pero para producir eventos hay que reconocer que tiene talento el muchacho, pues logró que 13.73 millones de personas en México televisaran el renovado debate.

Desafortunadamente, la contienda electoral ha eclipsado una realidad mucho peor, y esa es la crisis en materia de derechos humanos que vive el país. Simplemente esta semana, la fiscalía del Estado de Jalisco comunicó que la investigación sobre los tres estudiantes de cine desaparecidos concluyó que estos habían sido  victimados y disueltos en ácido por un rapero local de nombre Omar “N”.

Por otra parte, la infame “Ley Chayote” fue aprobada por el Senado de la República desconociendo los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU y numerosas organizaciones de la sociedad civil que demandaban ampliar la discusión ya que el proyecto de ley, ahora aprobado, solo legaliza el sistema de discrecionalidad existente hasta ahora, sin imponer límites a los montos a ser otorgados en materia de publicidad oficial y no establece controles externos o sociales como contrapeso al sistema de asignación.

Y, por si fuera poco, el Comité de Transparencia de PEMEX recién notificó que el libro de registro de visitas de Emilio Lozoya, durante la época que estuvo al frente de la petrolera, fue reservada bajo el argumento de que formaba parte de la carpeta de investigación que lleva a cabo la PGR, abonando así a la opacidad de la investigación por actos de corrupción con la brasileña Odebrecht.

Solo en una semana nuevos desaparecidos, más actos de corrupción e infames restricciones legislativas a la libertad de expresión tuvieron lugar en el país. En tan solo ocho días, gravísimas faltas al Estado de Derecho fueron perpetradas y, ninguno de los que hoy contienden por la Presidencia de la República, ha podido dar certeza de cómo pondrán fin a esta crisis humanitaria que hoy lacera a la sociedad mexicana.

Y es que el fallido sexenio de Peña Nieto, no solo pasará a la historia como uno de los peores por sus desastrosos resultados, sino que, además, mostró a lo largo de su gestión un desprecio total por los derechos humanos, por lo que no es de sorprender (aunque si de condenar) la situación que actualmente se vive.

Simplemente, basta recordar que ni el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ni la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, han sido ratificadas. Asimismo, el Estado Mexicano, bajo la administración Peñista, ha omitido el reconocer la competencia contenciosa del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (cosa nada menor si consideramos el incremento en esta materia en el país con casos emblemáticos como los de Ayotzinapa, Allende, la desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores o recientemente, los estudiantes tapatíos), y ha sido negligente en la presentación de sus informes periódicos frente a los Comités para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

No cabe duda de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se erige hoy como la peor catástrofe humanitaria del México contemporáneo. Simplemente, al cierre de marzo del año en curso, la actual administración registró un total de 104,674 carpetas de investigación por homicidios dolosos, es decir, 1,815 más de las que hubo en todo el gobierno de Felipe Calderón.

A menos de 80 días de las elecciones presidenciales, Peña deja a México como el país número 135 de los 180 países evaluados por el Índice de Percepción sobre la Corrupción (IPC), estando por debajo de naciones como Sierra Leona o Myanmar. Un resultado simplemente catastrófico.

Lo anterior solo es muestra de que un cambio en el gobierno es más que urgente, sin embargo, la pregunta a resolver es quién de los cinco contendientes por la silla presidencial en verdad ha puesto como eje rector de su plan de gobierno a los derechos humanos. Cercenar las manos de los corruptos como propuso el Bronco, ¿será la solución para la impunidad? La polémica amnistía lopezobradorista ¿podrá ser lo que por fin pacifique a México? O será el uso de blockchains y criptomonedas como plantea Anaya, la respuesta para frenar la corrupción gubernamental.

Sea cual sea el planteamiento, una cosa es cierta y es que el eclipse humanitario de la administración de Peña Nieto está por llegar a su fin ¿será entonces que por fin veremos la luz? ¿o seguiremos sumidos en la obscuridad un sexenio más? La respuesta, al final, la definirá el voto de la ciudadanía, por lo que habrá que elegir bien, si es que eso es posible.

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