Dignificar la investidura

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La forma de gobierno de México, según lo determina la Constitución General de la República es la de una República democrática, representativa y federal. Cuando menos en la teoría, esto significa que es el propio pueblo el que gobierna a través de representantes elegidos democráticamente mediante el voto, especialmente por lo que se refiere a los poderes legislativo y ejecutivo.

Mientras que el poder ejecutivo es unipersonal y se deposita en el presidente de la República, el poder legislativo que integra el Congreso de la Unión, es plural y se divide a su vez en dos: la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Por su parte, cada estado de la Federación cuenta con su propio órgano legislativo local.  El poder judicial está formado por jueces y magistrados tanto locales como federales y en su última y superior instancia por los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Formar parte de cualquiera de estos órganos del Estado mexicano constituye un honor y un compromiso frente a la ciudadanía. Tal distinción y la importancia de las obligaciones que su ejercicio supone, debieran ir acompañadas del respeto al cargo, en primera instancia por aquellos mismos en quienes se deposita y por cuyo ejercicio cobran un salario nada despreciable, amén de otras prebendas y beneficios. Por desgracia y cada vez con mayor frecuencia esto no es así.

Las sesiones en las Cámaras de diputados y senadores se parecen cada vez más a un mercado y cada vez menos a lo que se supone que son, las tribunas más altas del país en las que los ciudadanos esperamos que nuestros representantes discutan y debatan entre sí, con respeto y educación y a la altura de los retos que el país enfrenta.

En vez de ello, tanto los medios de comunicación como las redes sociales dan cuenta prácticamente todos los días de insultos y difamaciones, de retos, arrebatos y de enfrentamientos más propios del patio de un reclusorio que de los recintos en los que con frecuencia se toman las decisiones que definirán el futuro de la nación.

La tolerancia y el respeto a las opiniones contrarias, al disenso y a las diversas ideologías que necesariamente convergen en las tribunas legislativas de cualquier país del mundo debieran ser la constante y quienes presiden dichos órganos deberían sancionar sin excepción a quienes violentan el protocolo y los reglamentos camerales.

Eventos como el protagonizado por la senadora del partido Morena, Jesús Lucía Trasviña quien tachó a sus pares panistas en el senado de sátrapas, ratas y cabrones, no deberían poder repetirse. De suyo el uso de tales expresiones supone una grave falta de respeto a la investidura senatorial y a la dignidad del poder legislativo.

Nunca es bueno hacer comparaciones, pero cuando nos enteramos de este tipo de hechos, resulta exquisito enterarse del nivel de debate que se da en los órganos parlamentarios de los países más desarrollados como sucede en la Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en España o Alemania por citar solo algunos ejemplos. En ellos, los legisladores pueden cuando los ánimos se caldean recurrir al sarcasmo y a la ironía, pero jamás al insulto directo ni a la vulgaridad.

El mismo criterio es aplicable a la investidura presidencial en un país democrático como es el nuestro. Al presidente, sea quien sea, se le debe respeto y él mismo, debe darse a respetar sin caer en el juego de las provocaciones, de la calumnia y la descalificación de quienes disientan de sus decisiones.

Las discusiones en todos los campos, se ganan con inteligencia, con argumentos sólidos y con pruebas irrefutables. Nunca con chismes, trascendidos ni rumores y menos aún con gritos y sombrerazos.

Exijamos a nuestros representantes dignificar su investidura y estar al nivel que implican los cargos que ostentan. En la medida en que el nivel del debate se eleve, crecerá igualmente la respetabilidad y la credibilidad de nuestro sistema político.

Ojalá y algún día así ocurra.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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