Diez organizaciones de DDHH ponen la lupa sobre México

A raíz de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, crean Observatorio Internacional

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Al menos 10 organizaciones internacionales han creado un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato es “observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”.

Este organismo de observación se crea luego de que los legisladores del PRI y sus aliados electorales más los senadores panistas fieles a Felipe Calderón y a Margarita Zavala aprobaran la Ley de Seguridad Interior.

Estas organizaciones le han demandado al presidente Enrique Peña Nieto que la vete.

Las organizaciones que conforman el Observatorio Internacional son Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin America Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Estos organismos confían en que más ONG’s se sumen a la iniciativa.

Para estas organizaciones, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior constituye “un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”.

Argumentan que la LSI es “parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes”, y explican que “la creación del Observatorio Internacional —una coalición permanente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica— servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.

Estos organismos buscarán el diálogo con las autoridades de México para recordarles las obligaciones que tienen con el Derecho Internacional.

Señalan que, lejos a abordar la “impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles”.

Aseguran que la estrategia de militarización que prevalece desde hace 10 años “ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad”.

Sostienen que la LSI constituye un marco legal para que la milicia actúe en todo el país y en contra de todos los ciudadanos.

La guerra contra las drogas comenzó días después de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República. Para enfatizar la contraofensiva de su gobierno, se vistió de militar (uniforme que le quedó largo), y emprendió sin estrategia la captura y el abatimiento de los jefes del crimen organizado. La misma dinámica siguió la administración de Enrique Peña.

2017 es el año más violento en México desde que se hacen mediciones sobre la inseguridad.

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