Desecha SCJN controversias contra “Ley Bonilla”

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales promovidas por los municipios de Tijuana y Mexicali para impugnar la reforma que prolonga el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

La determinación fue tomada por la comisión de receso de la Corte, integrada por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, recientemente incorporados como miembros del máximo tribunal, en medio de una polémica por la presunta cercanía que han tenido con personajes que actualmente están en el poder a nivel federal.

Los ministros argumentaron que, al no haberse publicado todavía el decreto de reforma a la Constitución de Baja California, el acto no es definitivo.

“Se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, señaló la SCJN.

Los municipios involucrados reclamaron que no fueron convocados por el Congreso estatal para votar la iniciativa impulsada por Morena en Baja California, por lo que consideraron que el proceso legislativo se realizó de manera ilegal.

No obstante, Mexicali y Tijuana podrán impugnar el desechamiento de sus demandas mediante recursos de reclamación ante una Sala de la Corte, que regresará a sus labores el próximo 01 de agosto.

El 23 de julio pasado, a puerta cerrada y en una sede alterna, en una sesión que originalmente no estableció el orden del día, el Congreso local aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución estatal para aumentar el plazo de la gubernatura de dos a cinco años, a favor del gobernador electo, emanado de Morena, Jaime Bonilla Valdez.

El Congreso local debe aún enviar el decreto para su publicación en el periódico oficial de Baja California, lo que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ya dijo que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma podrá ser publicada por orden directa del presidente del Legislativo estatal.

(Con información de El Universal)

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