Desaira Presidencia a CNDH

El organismo defensor de los derechos humanos presentó su informe anual ante la Segob y no ante el presidente, como siempre habría ocurrido. El ombudsman nacional lamenta la decisión del Ejecutivo

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En un hecho sin precedentes, el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue presentado ante la Secretaría de Gobernación y no ante el jefe del Ejecutivo federal.

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, lamentó que por primera vez en prácticamente 29 años desde la creación de la Comisión, el presidente de la República se haya negado a recibir personalmente el informe anual del organismo, tras varios intentos de concretar un encuentro público desde enero de 2019.

“Este es mi quinto informe y es el primero que no se da frente al presidente de la República, en 29 años (de la CNDH) siempre se había informado públicamente, porque es la oportunidad que tiene el ombudsperson de decirle a la máxima magistratura ejecutiva el estado en que se encuentran los derechos humanos”, precisó González Pérez en conferencia de prensa después de entregar el informe a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo cual “es desalentador para la defensa de los derechos humanos”, según dijo.

Si bien, señaló que en un principio parecía haber disposición del Ejecutivo para celebrar una ceremonia pública, más tarde la última respuesta llegó a través de la Segob, sin que se haya establecido a qué obedecía el cambio de directriz.

González Pérez señaló que el informe anual 2018 recuerda que ese año fue crítico para los derechos humanos, pero también 2019 también ha implicado fallas graves en la materia.

“En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública”, afirmó el ombudsman nacional.

El presidente de la CNDH dijo que aumentaron las quejas relativas a la salud, seguridad y justicia y que no es una situación que pueda revertirse en el corto plazo.

“No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente. Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implica una violación a los derechos humanos. Las irregularidades del pasado son motivo de investigación y sanción, los problemas del presente requieren acciones pertinentes y atención urgente”, señaló en relación al polémico recorte y detención de los recursos asignados al sector salud.

El ombudsman alertó también del número de homicidios ocurridos en la primera mitad del año, el aumento en los ataques a los periodistas y defensores de derechos humanos , de los casos de linchamiento, la subsistencia de las desapariciones y el agravamiento en los ataques contra el personal penitenciario.

En materia de acceso a la justicia, González Pérez añadió que no se abatirá la impunidad si no se garantiza la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país.

(Con información de Milenio y Reforma)

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