Desafían legalidad con pase charola para rifa del avión

Especialistas advierten la comisión del delito de concusión, establecido en el actual Código de Procedimientos Penales

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El pase de charola que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ante empresarios para que éstos adquirieran boletos para la supuesta rifa del avión presidencial, pone en riesgo la legalidad.

De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas queda prohibido que los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, soliciten dádivas para beneficio personal o de terceros.

Dicha ley, que forma parte del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también obliga a las personas morales a seguir una política de integridad.

Deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”, señala.

De igual forma, con la acción de solicitar a los empresarios comprar boletos de la Lotería Nacional, en montos que van de los 20 a los 200 millones de pesos, podría estarse incurriendo en el delito de concusión, tipificado en el Código Penal Federal vigente según el cual lo comete el servidor público que (…) exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores o servicios”.

El miércoles, en una cena ofrecida en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador pidió a los empresarios su apoyo para la compra de los boletos del sorteo del avión presidencial.

El dinero recaudado se utilizaría para comprar implementos de salud.

De entrada, según reconoció ayer el mismo Mandatario, 75 empresarios se comprometieran a entregar 1 mil 500 millones de pesos.

Al respecto, Jorge Guajardo, ex Embajador de México en China, opinó que el pase de charola ha levantado alertas.

Dijo que estas prácticas detienen la inversión, pues la mayoría de las empresas no quieren verse involucradas en procedimientos de la Securities and Exchange Commission.

El hecho ha sido criticado en redes desde donde se le ha exigido al Jefe del Ejecutivo Federal que dé a conocer los nombres y los montos de los empresarios que decidieron cooperar, pues esto serviría de herramienta para descartar que más adelante los miembros de la iniciativa privada quieran beneficiarse del apoyo que le dieron al Mandatario.

Es decir, que en correspondencia, el Gobierno les pudiera otorgar contratos.

Consultado al respecto, el Presidente López Obrador descartó que lo anterior se preste a un pago de favores.

“Nosotros no vamos a darle beneficio a nadie fuera de la ley, aquí no hay preferencias, no hay influyentismo”, dijo el Mandatario en conferencia de prensa matutina.

“Ese es el problema, nos confunden, yo no soy Salinas, digo, sí calienta eso, no vamos nosotros, ya parece, imagínense tantos años de lucha, de mantener en alto nuestros ideales, nuestros principios, para caer en el influyentismo”, agregó.

Además, descartó que haya una violación a la ley, pues se revisó previamente la viabilidad legal.

(Con información de Reforma)

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