Denuncian ejecución extrajudicial en Tamaulipas

La CNDH comenzó a investigar el caso; el Gobierno federal asegura que no tolerará estas prácticas

Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. (Imagen de archivo)
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En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos de la localidad denunció la presunta ejecución arbitraria de ocho personas en un operativo de la Policía estatal, que originalmente fue reportado como un enfrentamiento entre autoridades y elementos del crimen organizado.

Sin embargo, según testimonios recabados por el centro que dirige Raymundo Ramos, las víctimas fueron asesinadas en el domicilio de Severiano Treviño Hernández, quien era repartidor en una empresa.

Se presume que fueron vestidas con indumentaria tipo militar y al lugar fue remolcada una camioneta con blindaje artesanal.

Los cuerpos de los presuntos agresores portaban uniformes con las siglas CDN, del Cártel del Norte y en el lugar, según se dijo, se aseguraron 15 armas largas y una corta.

“Se constató que no hay evidencias de un enfrentamiento, el interior de la casa donde vivía Severiano no tiene impactos de balas, solamente huellas de una ejecución extrajudicial al estilo de las Fuerzas Armadas”, declaró el Comité.

“A cada víctima le dispararon un tiro en la cabeza y a corta distancia”, añadió en su dictamen.

Las cuatro viviendas alrededor del lugar de los hechos tampoco tienen impactos de balas en sus fachadas y no hubo personas heridas.

En ese contexto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que se realizará una investigación a fondo y afirmó que no se tolerará ninguna ejecución extrajudicial en esta Administración.

Además, señaló que la investigación podría ser atraída por la Fiscalía General de la República.

“Hay que hacer una investigación a fondo de los hechos, el Gobierno federal de ninguna manera va a tolerar ninguna práctica como la ejecución extrajudicial y deben deslindarse las responsabilidades. Vamos a coadyuvar con el gobierno del estado, le compete al gobierno del estado hacer la primera fase de investigación y en caso de ser necesario plantearemos la posible extracción por parte de la Fiscalía General de la República”, señaló el funcionario.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ya inició una investigación al respecto.

Envió a su personal a recabar pruebas y testimonios que ayuden en la indagatoria.

(Con información de Milenio y Reforma) 

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