Denuncian que campañas políticas se pagan con dinero ilegal y del crimen organizado

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia, a través de un estudio, revelaron que un candidato a gobernador gasta diez veces más que el tope legal

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Los partidos políticos financian con recursos ilegales la mayor parte de sus campañas, ya sea para cubrir el costo de su estructura o para comprar o inhibir el voto, aseguraron María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde.

De tal forma que de cada peso reportado hay 15 que fueron utilizados de manera ilegal y generalmente provienen del desvío de recursos públicos, del financiamiento privado ilegal, pero también del crimen organizado.

Lo anterior se desprende del estudio “Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas”, el cual se basó en la revisión de las 15 elecciones estatales que se llevaron a cabo en 2015 y 2016.

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dijo que un indicador del manejo de recursos opacos es el aumento de dinero en efectivo en las entidades donde se realizan elecciones.

Y puso el ejemplo, durante la campaña presidencial de 2012, el flujo de efectivo se incrementó en 37 mil millones de pesos, mientras que en las elecciones intermedias de 2015, el flujo aumentó en 28 mil millones, según datos del Banco de México.

Aunque aclaró que no se puede afirmar que toda esa cantidad se vaya a las campañas, “si es curioso el dato de que repentinamente en los cuatro meses de campaña, suban las transacciones en efectivo y pues sí, por eso tenemos las tarjetas Monex”.

Detalló que al entrevistar a 60 operadores y actores políticos, cada voto obtenido en zonas urbanas tiene un costo promedio de mil pesos y en las rurales 500 pesos.

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y quien fue presidente del Instituto Federal Electoral, hoy llamado INE, dijo que este mecanismo es utilizado por todos los partidos sin excepción.

Considera que una forma de romper con esa práctica de despilfarro sería obligar al ciudadano a votar, de esa forma se desmantelarían las estructuras electorales de los partidos.

Lamenta que en nuestro país, a diferencia de otros países de Latinoamérica no exista una sanción por incumplir con la ley, pues a pesar de que el voto es obligatorio, el ciudadano sabe que si no acude a las urnas no recibe ninguna multa.

A decir de Ugalde, otra medida que podría implementarse es la urna electrónica, con ello se ahorraría buena parte del gasto en representantes de casilla.

(Con información de Reforma)

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