De huachicol y Maquiavelo

Foto: PEDRO PARDO / AFP
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El tema del robo de combustible en el país es solamente una más de las aristas de la compleja figura geométrica que conforma el cuerpo de la criminalidad que hoy en día se desarrolla en nuestra sociedad. Es también con seguridad el delito que más ha crecido en los últimos años y el que golpea más directamente a las finanzas del gobierno.

Al haber sido Pemex durante décadas la cabeza del monopolio estatal en materia energética en lo referente a la explotación, transformación, comercialización y distribución del petróleo y sus derivados y al mismo tiempo la principal fuente de recursos financieros del estado mexicano, nada más productivo para los criminales que golpear directamente la que parecía ser una inagotable fuente de recursos de cuyas mermas, deben haber imaginado, casi nadie se percataría.

“Es como quitarle un pelo a un gato”, me comentó hace años un antiguo empleado de Pemex, “la empresa es demasiado grande para que eso la afecte”.

En su opinión, se trataba de casos aislados e insistía en que las maniobras para perforar los ductos eran muy peligrosas y era muy difícil que se multiplicaran.

Al tiempo, el gato se vino quedando prácticamente calvo y las mañas de los delincuentes, auspiciadas desde dentro de la paraestatal terminaron por superar cualquier reto tecnológico. Las pérdidas por robo y por los daños causados a las instalaciones de Pemex terminaron siendo multimillonarias. A las actividades del crimen organizado se sumaron los sucios intereses de funcionarios y empleados federales y estatales, líderes sindicales y empresarios deshonestos que adquirían el combustible robado y lo “lavaban” comercializándolo a través de la red de las gasolineras concesionadas por el mismo Pemex.

Un negocio redondo que fue creciendo como una bola de nieve hasta niveles inimaginables. En los últimos años los medios informativos fueron dando cuenta cada vez con mayor frecuencia sobre esta práctica, que vino a sumarse al catálogo de actividades del llamado crimen organizado formado por peligrosas bandas con enorme poder e influencia económica y política.

Los ciudadanos nos familiarizamos rápidamente con el término “huachicoleo”, como sinónimo de la ordeña ilegal de ductos de combustible y su posterior venta en el mercado negro.

El presidente López Obrador insistió desde meses antes de asumir el cargo, en que su principal objetivo sería acabar con el flagelo de la corrupción que históricamente afecta al país desde múltiples ángulos y que disminuiría la delincuencia y la inseguridad.

No obstante ello, sobre este tema en concreto no se había pronunciado de forma especial. Sin embargo, hace apenas una semana, nos topamos con que la medida adoptada por el nuevo gobierno para atacar  el problema había sido cerrar abruptamente los ductos por donde corren los distintos tipos de combustible, para dificultar la actividad de los ladrones de estos y optar por distribuirlos a través de pipas, lo que, como sabemos, ha trastornado la vida de millones de consumidores en los últimos días por la dificultad y lentitud que supone hacer llegar los carburantes de esta forma a las estaciones de servicio.

Si a pesar de las molestias causadas, la medida es transitoria y el nuevo gobierno logra realmente abatir de forma importante este delito deteniendo a los principales responsables del mismo exhibiéndolos públicamente, se habrá anotado un enorme éxito y la popularidad del presidente se catapultará aún más.

Existe sin embargo, el riesgo de que el robo de combustible no se detenga y el desabasto se prolongue. De ser así, el número de quienes hemos pensado que la medida fue precipitada y contraproducente crecerá.

Además, si la misma se prolonga durante varias semanas, el efecto negativo en la economía no se hará esperar y el remedio podría costar más caro que la enfermedad.

El enorme bono democrático del presidente López Obrador y el capital político que el mismo representa, pueden verse afectados si el problema persiste. Nadie que ame a México desea que su plan de lucha contra la delincuencia fracase, pero el precio puede ser demasiado alto no solo para el gobierno sino para amplios sectores del país.

La tesis maquiavélica de que el fin justifica los medios se está poniendo una vez más en práctica y a prueba. En este caso, el fin es indudablemente noble, pero los medios parecieran como las medicinas que lejos de curar al enfermo terminan agravándolo. Ojalá y no sea así.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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