Da SCJN luz verde a Comisión de la Verdad por caso Iguala

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que por ningún motivo puede detenerse la conformación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala y debe seguir su curso.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, desechó este lunes cuatro recursos de queja presentados por la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a través de las cuales también se buscaba impugnar un requerimiento a las autoridades hecho por un Tribunal De Tamaulipas, para cumplir con amparos a favor de cuatro involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el cual les fue notificado por el magistrado Sabino Pérez García el pasado 19 de junio.

El máximo tribunal de justicia del país, argumentó que carece de competencia para conocer los recursos que presentaron las dependencias federales por estar imposibilitada jurídicamente para cumplir con el mandato ordenado por el Tribunal Colegiado.   

La única vía, por la cual la Corte podría atraer el asunto, es a través de un incidente de inejecución de sentencia, es decir, por el desacato en que puede incurrir la PGR y el presidente Enrique Peña Nieto, si no cumplen con la conformación de la Comisión y con los amparos que fueron otorgados por el Tribunal Colegiado a presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, acusados del secuestro, homicidio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes se presume que declararon su culpabilidad por medio de tortura.

“Requiérase al tribunal unitario para que, en caso de ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, lo haga del conocimiento de esta Suprema Corte para que se provea lo conducente, a efecto de que, en su caso, se solicite la facultad de atracción”, señaló el ministro Aguilar.

Cabe señalar que la semana pasada, el tercer Tribunal Unitario ordenó suspender, por el momento, “el trámite de la ejecución de cumplimiento de la sentencia de amparo” que ordena crear la Comisión de la Verdad del Caso Iguala, porque la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentaron la “imposibilidad jurídica” para cumplir con el fallo.

(Con información de Milenio y Reforma)

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