Cumplir la ley

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La Constitución General de la República señala en su artículo 128 la obligación de todos los funcionarios públicos de rendir la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. El sentido del término “guardar” es sin duda el de cumplir, aunque con frecuencia pareciera que algunos políticos lo confunden con el de depositarla en un cajón y bajo llave.

El artículo 87 a su vez, se refiere específicamente a esta formalidad que debe de cumplir el presidente de la República antes de tomar posesión de su encargo. La denominada protesta constitucional tiene su origen en el juramento que prestaban antiguamente los gobernantes y que tenía una evidente connotación religiosa.

A partir de la separación del Estado y la Iglesia y luego de las Leyes de Reforma, el juramento pasó a ser sustituido por la protesta, que en esta acepción significa declarar o proclamar un propósito según señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Desde el pasado primero de diciembre, fecha en que asumió el cargo de titular del poder Ejecutivo federal, el presidente López Obrador además de prestar la referida protesta, ha repetido en diversos actos y discursos una frase: “Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”.

Quienes lo escuchamos pronunciarla por primera vez asumimos la esperanza de que finalmente comenzaríamos a vivir en un auténtico Estado de derecho.

Sin embargo, conforme han transcurrido las semanas nos hemos venido dando cuenta que el compromiso asumido no se ha visto cumplido a cabalidad.

Por hablar del ejemplo más reciente, durante las últimas semanas grupos de maestros inconformes mantuvieron bloqueados diversos tramos de vías de ferrocarril en el estado de Michoacán. Si bien el origen de su inconformidad puede ser legítimo, el que hayan cometido este delito de forma reiterada y en perjuicio de cientos de empresas y de miles de ciudadanos que se vieron afectados por este hecho, en nada justifica la falta de actuación del Gobierno para obligarlos a liberar las vías de comunicación que tenían tomadas.

Desde luego es digno de aplauso que las autoridades se hayan comprometido a no reprimir de forma violenta a los ciudadanos. Pero hay una enorme diferencia entre un acto de represión y el uso legítimo y controlado de la fuerza, de la cual el Estado tiene el monopolio legítimo, para hacer cumplir las leyes.

Al rendir la protesta constitucional, los funcionarios públicos no condicionan su actuación a las circunstancias del momento, por el contrario, asumen una obligación a la cual no pueden renunciar mientras ejerzan el cargo para el que fueron designados.

Además del flagelo de la corrupción, una de las principales enfermedades que afectan al tejido social de nuestro querido México, lo es sin duda el altísimo nivel de impunidad. Desde la más pequeña de las faltas administrativas hasta los crímenes más graves se cometen con frecuencia por la certeza que acompaña a quienes los ejecutan, de que sus actos no serán castigados.

De ahí, que si nuestros gobernantes con su inacción, mandan el mensaje de que cualquiera puede seguir bloqueando caminos, vías, carreteras y accesos o salidas de pueblos y ciudades sin asumir consecuencias, el resultado será que dichos actos se repitan una y otra vez y los derechos de la mayoría sigan siendo burlados.

Dura lex, sed lex”, decían los juristas romanos. La ley es dura, pero es la ley, y como tal, debe cumplirse y hacerse cumplir. Renunciar a hacerlo es peligroso y sin duda puede resultar contraproducente para un gobierno que apenas comienza.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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