Corte prohíbe sancionar al Bronco

Como acto de despedida, Eduardo Medina Mora protege a Jaime Rodríguez, el Bronco, que es acusado de mandar a servidores públicos a recopilar firmas para su candidatura independiente a la Presidencia de la República

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León
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Antes de botar el arpa, el ministro Eduardo Medina Mora se dio un lujo: prohibió al Congreso de Nuevo León sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por haber utilizado a 572 empleados públicos para recabar firmas de apoyo a su candidatura presidencial en 2017.

La controversia constitucional fue admitida por Medina Mora la cual fue promovida por el mandatario estatal en septiembre y se le concedió una suspensión que congelará cualquier castigo durante varios meses.

Tal suspensión prohíbe al Congreso local “ejecutar cualquier medida provisional o sanción” derivada del procedimiento ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionarlo por ordenar a sus empleados a recabar firmas en días y horas hábiles.

De tal forma que el Poder Legislativo neoleonense podrá instruir el procedimiento, pero no lo culminará con sanción, hasta que la Corte revise si son legales las reglas que los mismos diputados dejaron para desahogar la sentencia del TEPJF.

Pero el máximo tribunal, puede tomar hasta un año para resolver la controversia.

Sin embargo, tanto la suspensión dictada por Medina Mora como la admisión a trámite de la controversia, pueden ser impugnadas ante una sala de la Corte, que tardaría varias semanas para emitir un fallo.

La razón de Medina Mora fue que la Corte sí es competente para tramitar el caso porque el acto reclamado al Congreso no califica como material electoral y por ello, su revisión no corresponde al TEPJF.

Ya que estableció que “el acto impugnado no es propiamente electoral, ni constituye en estricto sentido el cumplimiento de un fallo, sino el dictado de unas reglas emitidas ex profeso para establecer una sanción a dos servidores públicos”.

Y por lo que hace a la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, dijo que esta se concede a fin de que “el Congreso se abstenga de ejecutar cualquier medida provisional o sanción derivada de dicho procedimiento, hasta en tanto se resuelva el presente medio de control constitucional”.

(Con información de Reforma)

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