Continúa batalla por salarios

El número de funcionarios que buscan un amparo contra la imposición de la nueva ley, se ha duplicado en los últimos días, mientras que los legisladores establecieron sanciones para quienes la incumplan

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La batalla por la disminución de salarios de los funcionarios públicos a partir de la nueva ley de remuneraciones que prohíbe ganar más que el presidente de la República, sigue latente.

Mientras que la Cámara de Diputados avaló este miércoles reformas legales para sancionar a los servidores que no devuelvan la diferencia de sus percepciones si rebasan el tope máximo del salario del mandatario federal, se dio a conocer que suman ya 11 mil 576 funcionarios que han buscado ampararse contra la nueva disposición.

La mayor parte, son empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Del total de amparos, 230 fueron presentados en línea y, del universo de quejosos, 8 mil 433 pertenecen al PJF, lo que representa al 72 por ciento del total de las personas que han recurrido al litigio.

Los 1 mil 499 quejosos restantes, el 28 por ciento del total, son servidores públicos externos, es decir, de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la PGR, el IPN y la Comisión Federal de Electricidad; así como del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los Institutos Nacional Electoral y Federal de Telecomunicaciones, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Gobernación, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el ISSSTE, y otras dependencias.

Entre las sanciones aprobadas para este universo de funcionarios rebeldes, el Legislativo propuso facultar a la Auditoría Superior de la Federación para presentar denuncias penales cuando exista delito por la violación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

De igual forma, se prevén cambios en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para señalar que se incurrirá en cohecho por parte del servidor público que se “abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración”, de acuerdo con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y fue enviado al Senado para su análisis y aprobación.

(Con información de Reforma y El Universal)

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