#Conlaprensano

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México es el segundo país más mortífero para periodistas en el mundo.

Tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 47 asesinatos y 4 desapariciones de periodistas en el país que, muy probablemente, estuvieron vinculados con su labor.

Pero, lejos de que el nuevo Gobierno nos presente una estrategia para revertir la problemática, lo que ha hecho en estos primeros meses es echarle fuego a la hoguera.

El contexto de riesgo y vulnerabilidad en el que de por sí se encuentran los periodistas en México, ha sido sazonado en los últimos días por la Administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en dos vertientes: la primera, la denostación a los medios de comunicación y sus representantes que tanto el presidente como su equipo han hecho en eventos y espacios públicos; y, la segunda, la manera como han callado ante las ofensas y el acoso que los seguidores del nuevo régimen han hecho a los reporteros que cuestionan y critican las medidas tomadas por las autoridades recién llegadas.

El propio jefe del Ejecutivo federal ha lanzado calificativos como “prensa fifí” y “periodistas chayoteros”, a algunos miembros de los medios de comunicación y, en el caso particular del diario Reforma, lo ha tachado de ser un periódico surgido en la época salinista, que desde entonces procura no tocar al exmandatario priista ni con el pétalo de una rosa (aunque sus planas, en más de una ocasión, demuestren lo contrario). Incluso, ha señalado a la publicación de simular el combate a la corrupción y de ayudar en el presunto fraude electoral del que fue objeto en el año 2006.

A ese respecto, la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información a nivel mundial, ha lanzado advertencias sobre los resultados que pueden derivar de esas declaraciones: “Este discurso puede legitimar e incentivar ataques en contra de las y los periodistas en lo digital, en lo físico y afecta la pluralidad del debate público”, señaló recientemente el organismo en un posicionamiento.

Ejemplos, sobran.

Hace unos días, la senadora morenista por Coahuila, Eva Galaz, se fue contra los reporteros que cubrían una conferencia del legislador Armando Guadiana y, sin más, les soltó que parecían unos retrasados mentales. Así, tal cual. Por el simple hecho de estar haciendo su trabajo. Luego se justificó con que eso había sido “un exabrupto”, y tantán, no pasó nada. Nadie la amonestó ni la llamó a cuentas por ello.

Caso aparte, es el de los simpatizantes de López Obrador y Morena que atacan en redes sociales a los reporteros que cuestionan al mandatario durante las conferencias matutinas que a diario celebra en Palacio Nacional.

Los insultos van desde señalamientos de “chayoteros” hasta el calificativo de “hijas de su puta madre” en el caso de las mujeres que cubren la fuente presidencial. Y nuevamente el silencio en el posicionamiento oficial hace eco.

La misma Artículo 19 ha hecho un llamado para que los mensajes intimidatorios cesen en las conferencias de prensa del presidente, pues asegura que en una sociedad democrática resulta imperativo proteger el derecho ciudadano a discutir de manera libre y plural las actuaciones del jefe de Estado.

Lo anterior incluye el derecho a hacerle preguntas, a criticarlo, a investigarlo periodísticamente y a opinar libremente acerca de su mandato sin temor a represalias.

Por esa razón, exige garantías para que los periodistas se desarrollen en un ambiente de seguridad, porque no pueden realizar sus actividades siendo presas del miedo y la autocensura.  

Artículo 19 demanda, y yo con ellos, que el presidente López Obrador emita un mensaje público en el que rechace toda agresión contra periodistas que pueda tener lugar durante la cobertura de cualquier evento público de la Presidencia.

“El jefe de Estado debe reconocer de manera inequívoca la importancia de una prensa libre en la democracia”, señala el organismo.

Quienes apostamos por la alternancia, merecemos que las cosas mejoren. De haber querido que todo siguiera igual, no nos hubiéramos arriesgado.

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