Conacyt escondió informe demoledor sobre el Tren Maya

La razón para esconderlo fue que no se quiso “influir” en la consulta que se celebró en 2019

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La construcción de la faraónica obra del Tren Maya, conllevará afectaciones negativas a 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y a sus servicios ambientales, como la recarga de los acuíferos y su capacidad para capturar carbono.

Además, podría implicar la destrucción irrecuperable de 1 mil 288 sitios arqueológicos, además de que ha vulnerado los derechos de 146 mil indígenas, y las tierras aportadas para el proyecto y sus polos de desarrollo jamás podrán recuperarse.

Por si fuera poco, el empleo que se creará será precario y temporal, sin contar con que seguramente incrementará el problema de la trata de personas y el tráfico de drogas en los cinco estados afectados.

Así lo advierte el resumen del documento Territorios mayas en el paso del tren: Situación actual y riesgos previsibles, el cual fue elaborado por un grupo constituido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

A finales de septiembre de 2019, el Conacyt invitó a más de 30 investigadores para conformar el grupo, a fin de estudiar las afectaciones a lo largo de los 1 mil 500 kilómetros de vía, las diferentes estaciones y ciudades por las que pasará el tren.

Después de realizar la convocatoria de la consulta, el 15 de noviembre de 2019, el Consejo apremió a los investigadores para que entregaran el análisis, bajo el entendido de que la información se difundiría antes del proceso.

De acuerdo a fuentes cercanas a su elaboración, un primer resultado fue enviado entre el 10 y el 12 de diciembre, pero el informe, fue detenido y no se envió a las Secretarías y público en general.

El análisis consta de cinco documentos de 60 cuartillas cada uno y se hizo llegar un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República.

La consulta se celebró el 14 y el 15 de diciembre de 2019, donde habrían votado 100 mil personas en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Cabe recordar que la División de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que tal consulta no cumplió con los estándares internacionales y que los votantes apoyaron la obra solo por la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

Bajo condición de anonimato, un investigador dijo: “nos pusieron tiempos muy breves para cumplir con esa fecha, pidiéndonos que entregáramos algo. Y lo hicimos, pero ahí se paró. Nos dijeron que era muy tarde y que ahora no querían sacarlo antes de la consulta para no influir”.

En el documento falta información pública sobre el proyecto, la cual salió a la luz tras la consulta.

El informe, pretende ofrecer “información a los diversos actores de la sociedad, del gobierno y de la academia que tienen interés o la responsabilidad de contribuir activamente a garantizar la prevalencia del bien público”.

Sin embargo, aclara que no se dispone “todavía de estudios de infraestructura básica, impacto social, impacto ambiental y otros más específicos indispensables para estimar la visibilidad y pertinencia de un proyecto de esta envergadura”.

Entre las Áreas Protegidas que afectaría el tren se encuentra el Parque Nacional de Palenque (Chiapas); las áreas de protección Cañón del Usumacinta (Chiapas); las reservas de la biosfera de Sian Ka’an en Quintana Roo; y los Petenes y Calakmul en Campeche.

El documento detalla que “sufrirán alteraciones (degradación, fragmentación y deforestación) asociadas con la construcción, circulación y desarrollo del proyecto”, el cual tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales de los ecosistemas que serán afectados, destacando la recarga del manto freático y la captura del bióxido de carbono atmosférico.

En materia arqueológica, se tienen registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 1 mil 288 sitios arqueológicos en un margen de 10 kilómetros a ambos lados de la vía prevista.

El informe especifica que “tendrán una afectación directa que, atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) registra, en una franja de un kilómetro a cada lado de la vía, 197 localidades indígenas con 143 mil personas de pueblos originarios, que serán afectadas por “la construcción y funcionamiento del tren”.

Y señala que “no se ha hecho público el proyecto correspondiente ni los estudios de ingeniería básica e impacto ambiental, cultural y social”, como lo exige un convenio firmado por México con la Organización Internacional del Trabajo donde se establece el derecho a contar con información suficiente para que los pueblos indígenas otorguen su “consentimiento libre, previo e informado”.

Inclusive deja ver que “el trazo ha sido modificado y rectificado sin asegurar cuál es el definitivo que se propone”.

En caso de que existan ejidatarios y pequeños propietarios que aporten tierras al Tren para sus estaciones, se propone un fideicomiso que cotizará en bolsa, donde las comunidades pondrían las tierras y los inversores, el dinero.

Sin embargo, de perderse la inversión, las tierras no se podrían recuperar “a menos que los propietarios tuvieran el capital suficiente para comprar la totalidad de los certificados bursátiles o los inmuebles construidos encima”.

(Con información de El Universal)

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