Avalan comisiones en San Lázaro reformas en materia de outsourcing; van al pleno

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Con 50 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, las comisiones unidas de Hacienda y del Trabajo en la Cámara de Diputados aprobaron este martes el proyecto de reformas en materia de outsourcing para prohibir la subcontratación de personal, tanto en el sector privado como en el público, con excepción de servicios especializados.

“Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”, refiere el texto aprobado.

La discusión comenzó por la mañana y tuvo un receso de cuatro horas, previo a que determinaran pasarla a la Mesa Directiva. 

De acuerdo con el dictamen, la inclusión de los trabajadores que actualmente son subcontratados en las nóminas de las dependencias y entidades públicas no implicará recursos adicionales.

Los legisladores acordaron que esta fuera la única modificación realizada en comisiones, ya que por acuerdo de las diferentes fracciones parlamentarias, las reservas serían presentadas ante el Pleno.

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos, prevé la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados, las cuales deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el cual tendrán que acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

El dictamen considera multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente.

No obstante, para la participación de utilidades a los trabajadores se establece como límite máximo tres meses del salario del empleado o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”, señala el articulado.

(Con información de Milenio y Reforma) 

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